Análisis y OpiniónNacionalAutocríticaEconomíaGeopolíticaGestión de GobiernoTeoría RevolucionariaPolítica PetroleraDestacado

[ANÁLISIS] ¿Avanzamos hacia el socialismo? Una crítica contra el viraje neoliberal

¿Avanzamos hacia el socialismo?

¿Avanzamos hacia el socialismo?

José Jesús Díaz Acosta*

En este artículo se muestran evidencias del viraje dado por el Gobierno de Nicolás Maduro a la conducción del proceso bolivariano.

Introducción

La Venezuela que el comandante Chávez imaginaba para 2020 discrepa frente a dos realidades completamente diferentes. Uno de los rasgos más característicos de la situación social presente es la desigualdad económica. Por un lado, tenemos la Venezuela de la vieja burguesía y de los nuevos ricos vinculados al gobierno. Esa es la Venezuela de los negocios (legales o ilícitos), bodegones y privilegios amparados por el Estado. Por otro lado, tenemos ese país depauperado, con salarios casi sepultados, una clase obrera sometida a condiciones de semi esclavitud, campesinos reprimidos, hospitales colapsados y servicios básicos destruidos. La Venezuela de los bonos y las cajas CLAP, sin energía eléctrica, agua, gas, ni conexión estable a internet. Un país aparentemente bipolar; un país gordo, un país anémico.

Recientemente el órgano ejecutivo del estado, dirigido por Nicolás Maduro, anunció un nuevo “esquema de distribución de gasolina”. En líneas generales este “nuevo esquema” es el corolario de un Plan cuyo signo esencial es la desregulación económica bajo racionalidad capitalista: liberación de precios y de cambio, privatizaciones de empresas públicas bajo la figura de alianzas estratégicas, dolarización de las transacciones financieras, exoneraciones impositivas tanto para el capital nacional como extranjero y pulverización salarial; hasta el punto de reducir el precio de la mercancía “fuerza de trabajo” a uno de los más bajos del mundo. ¿Hay algo barato en Venezuela? Sí, por supuesto; Los salarios. Todo un ajuste neoliberal a cuenta gotas.

Analizar el programa económico del gobierno ayudará a desmontar el mito del socialismo del siglo XXI tan difundido por los ideólogos de la reacción burguesa internacional y demostrará que seguimos bajo un Capitalismo atrasado, rentista y vinculado a puras actividades primarias. También será útil para desenmascarar, como veremos, las verdaderas intenciones de la oposición de derecha. Los políticos demagogos de la oposición, sean de tendencia liberal, socialdemócrata o conservadora ofrecen al pueblo libertad, democracia y prosperidad en palabras, horrorizándose a diario por la penosa y miserable situación que padece el pueblo venezolano (Aunque ellos, claro está, no sufran ni lejos las mismas condiciones). No obstante, guardan un silencio cómplice ante las medidas más nocivas que el gobierno impone contra la clase trabajadora, de eso no dicen nada.

Es claro que los López, Allup, Borges y Rosales tienen sus jefes patrones que marcan la pauta. Esto demuestra que sus ofertas son engañosas y sus formulaciones programáticas (si es que las tienen) no muy diferentes a los actuales verdugos con el poder del Estado y las Fuerzas Armadas. Lo único distintivo entre estos dos bloques dominantes es la velocidad de la muerte que desean propinar a la Revolución Bolivariana: La lenta o la rápida. Desangramiento, inanición y deshidratación o la veloz guillotina.

Pero una tercera razón, no por ello menos importante, nos empuja a contemplar el programa económico de Maduro. Esa razón tiene impregnada la siguiente interrogante ¿En qué medida continúa viva la Revolución Bolivariana? ¿Podemos decir que existe identidad entre un programa de contrarreformas ilegales como el que expondremos a continuación y los principios que impulsaron a la Revolución Bolivariana? ¿La contrarrevolución no ha emergido ya desde adentro y como un agresivo cáncer ha liquidado los aspectos más radicales, revolucionarios y a la izquierda del chavismo?. Responder a estas interrogantes será una tarea esencial para la estrategia a seguir por el movimiento popular venezolano.

El déficit fiscal

Según la página web Datosmacro.com el déficit fiscal en Venezuela alcanzó 16,64% en 2017. Se trata de uno de los porcentajes más altos del mundo. Como todos sabemos la captación de divisas extranjeras dependen exclusivamente de la renta petrolera, renta que enfrenta un desplome sin precedente en la producción de hidrocarburos. En medio de semejante situación el déficit fiscal se vuelve insostenible. Tan solo el 96% de las exportaciones totales (léase también ingreso de divisas) y más del 40% de ingresos fiscales se extraen de la producción petrolera. El petróleo es la sangre de la economía venezolana.

Según datos de la propia OPEP el crudo venezolano cerró a la baja en enero de 2020 con 882.000 bpd. Para mayor desolación podemos hacernos una idea de la magnitud de la caída con el siguiente Dato: PDVSA redujo el 10 de junio del presente año sus estimaciones de producción a una cifra de 374.000 bpd. Esto ubicaría los rendimientos de la empresa muy por debajo de los niveles de 1945.

El carácter parasitario de la burguesía venezolana es un histórico agravante. Sus exportaciones son casi nulas. Los aportes fiscales irrisorios, incluso desde una perspectiva histórica: su presión fiscal es la más baja de América Latina. La dependencia orgánica a las subvenciones estatales, otorgamiento de divisas y exoneraciones de impuesto ha significado un importante impulso para la especulación comercial, la fuga de capitales y ningún estímulo para la producción. Por otro lado, los tímidos controles estatistas de precios y ganancias espolearon una huelga de inversiones ya arrastrada desde los años 80 del siglo pasado.  

Desde que el comandante Chávez comenzó en 2006 un proceso tímido de expropiaciones el aparato ideológico de la burguesía ideó el “fantasma del comunismo venezolano” tan difundido en nuestros días. Este comunismo (Castro-chavista) es el gran demoledor de la propiedad privada en Venezuela. Llegan a argumentar, contra toda evidencia científica, que el Estado es el gran poseedor de las palancas fundamentales de la economía. Pero basta con realizar un análisis detenido, más allá de las formas aparentes de las cosas, y distinguir entre el PIB Privado y el PIB público para constatar cuál de estos dos sectores tiene más peso en la economía.

Datos oficiales del BCV de 2010 demuestran que el PIB público del país llegó a representar el 29% de la producción de bienes y servicios. Permaneciendo el resto en manos de la burguesía nacional: 71%.  Después de 10 años de Revolución Bolivariana la economía conservaba su carácter privado y la clase capitalista continúa apropiándose por diversos medios de la renta y la plusvalía de sus trabajadores. Peculiar comunismo, quizás algún día lo llamen “socialismo con características venezolanas”, emulando a los “socios chinos”. Incluso en 1999 la cifra del PIB público era ligeramente más alto que 2010; 32%. Lejos de aumentar “la propiedad pública” y acercarnos al “socialismo”, lo que realmente ha sucedido es que el trabajo social es cada vez más privado. ¿Cómo ha sido posible este hecho en un país donde el 96 % de las de divisas depende de la producción de hidrocarburos en manos del Estado? La respuesta la hallaremos sin falta en los mecanismos de apropiación de la renta petrolera; otorgamiento de dólares preferenciales, créditos y subvenciones estatales, entre otros.

La naturaleza importadora de la burguesía venezolana, que genera grandes ganancias sin crear nuevos valores para la economía, se debe a los problemas estructurales del rentismo petrolero venezolano: obsolescencia tecnológica, atraso científico, baja productividad industrial y la casi nula competitividad de las mercancías en el mercado mundial. Así la decrépita burguesía venezolana se ha dedicado a realizar puras actividades comerciales: finanzas, centros comerciales,   venta de productos importados a precios elevados, etc. Es un tema amplio y bien estudiado por figuras como Asdrúbal Batista. Pero no podemos abarcar todas sus aristas en el presente trabajo.

Mientras los precios internacionales del petróleo se mantuvieron al alza y la producción petrolera interna a flote (con una producción que llegó a niveles por encima de los  3.000.000 de bpd) fue posible mantener una ilusión de cierta estabilidad social y mejora económica sin tener que tocar los poderes comercial, financiero y económico de la burguesía nacional -quienes por diversas vías continuaron aumentando sus ganancias-. Con esto queremos reconocer que las vías reformistas de control y redistribución de los ingresos funcionaban dentro de ciertos límites y condiciones. Pero era una estrategia sumamente frágil, sometida a la volatilidad del mercado y a los altos costos impuestos por un Estado burgués viejo y burocrático empleado como “Arma” (mellada) para la revolución. En ese contexto fue posible la puesta en marcha de diversas misiones sociales financiadas por un poderoso gasto social que logró mitigar,  hasta cierto punto, las penurias y miserias heredadas del Puntofijismo. Pero una vez caídos los precios internacionales del crudo y colapsada la producción petrolera, la fiesta se acabó. Los dolores de la resaca serían traumáticos, duros de entender. Finalmente, alguien tendría que pagar las cuentas. Esos serían los pobres…Otra vez.

 El carácter y contenido de clase de un gobierno se puede medir por las decisiones que toma en tiempos de crisis. Incluso mucho más que en las épocas de florecimiento económico. Con el colapso del rentismo petrolero (ya palpable desde los años 80) se abriría la necesidad de verdaderos cambios estructurales en la economía venezolana. El chavismo surgió como una alternativa revolucionaria gracias a esta necesidad histórica.

Pero aunque se dieron importantes avances en materia de protección social, sanidad (Reducción de la mortalidad infantil y aumento de la esperanza de vida por ejemplo) y educación (Mayor matrícula universitaria, liquidación del analfabetismo), por diversas razones, la trasformación del sistema económico no sucedido. La dependencia a la renta petrolera se profundizó, el poder económico continuó en manos de la vieja burguesía, pasando a coexistir con los nuevos ricos de cuello “rojo”. Tanto unos como los otros se apropiaron de la renta gracias a los diversos esquemas de otorgamiento de divisas. Pero ambos fueron completamente incapaces de desarrollar las fuerzas productivas y diversificar la economía hacia sectores secundarios o industriales. Con la muerte del comandante Chávez y la sucesión de una burocracia contrarrevolucionaria el país comenzó andar la segunda década del siglo XXI endeudado, colapsado y depauperado. Todas las conquistas alcanzadas por el pueblo en el período anterior fueron rápidamente devoradas por la crisis de 2014, que por cierto estamos muy lejos de superar.

A partir de allí, hasta hace muy poco, reinaba la improvisación en materia económica o por lo menos eso parecía. De la estrategia de tipo keynesiana de financiar el déficit fiscal con mayor liquidez monetaria, lo que presionaba la escasa oferta de bienes en el mercado con una mayor demanda, se pasó a otra muy diferente. Como veremos a continuación el gobierno de Maduro no es ni obrerista, ni socialista, ni mucho menos comunista.

El plan de Recuperación y prosperidad Económica

El poderío de los altos jerarcas de las FFAA y de la casta burocrática representada por Maduro se afianzó durante los últimos años por dos factores, uno de carácter objetivo y el otro subjetivo. El objetivo: la derrota de los intentos golpistas dirigidos por la derecha patronal, con sus reaccionarias y oscurantistas guarimbas. El subjetivo: La completa ausencia en el terreno de combate de una fuerte alternativa por la izquierda, que fuera capaz de movilizar a la clase obrera y campesina por sus intereses inmediatos (salarios, tierras, alimentación), pero en conjunción con las tareas máximas de la revolución.

La lógica en cada una de las acciones tomadas por la casta burocrática está determinada por su necesidad existencial de mantenerse en el poder. En ese sentido la estabilidad económica juega un papel de primer orden. Con el barniz de legitimad que le otorga la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) el gobierno se encontró con las manos libres para administrar la crisis a favor de la nueva burguesía (estos han perdido el control directo del estado pero mantienen sus negocios), los nuevos ricos y las trasnacionales extranjeras con jugosas ganancias en la faja petrolífera del Orinoco y el Arco minero. Todo el peso de la crisis se colocó sobre los hombros de la clase trabajadora y del pueblo en general.

Una buena memoria podrá demostrar que el actual viraje no tiene dos días. Ya para el año 2016 el gobierno de Maduro comienza a promover políticas de apertura favorable al sector privado, en especial las trasnacionales petroleras. Con la denominada Agenda Económica Bolivariana se llevó a cabo  una devolución brutal contra el bolívar, devoluciones de empresas bajo la forma de alianzas estratégicas, liberación de precios, subsidios y entrega de recursos a empresarios privados. Bastaría con recordar las clausuras de las fulanas Expo Venezuela Potencia y los chorros de dinero que se entregaron en calidad de créditos.

 Los argumentos de figuras como Jesús Farías para justificar todas estas decisiones eran que, según él, buscaban atraer inversiones extranjeras y estimular la inversión del sector privada nacional, aquello que el señor Castro Soteldo tendría la Desfachatez de ilustrar como “Burguesía Revolucionaria”. Los mismos burgueses que hasta hace poco hacían la “Guerra Económica” ahora por arte de magia eran “empresarios Patriotas”. Lo peor de todo es que intentaban brindarle un cariz de legitimidad por la izquierda comparando estos virajes con la Nueva Política Económica llevada por los Bolcheviques en 1920, una comparación tan vulgar como ofensiva. Para haceros una idea del retroceso tan solo en materia petrolera se firmaron acuerdos con 20 empresas mixtas donde la participación de la parte privada era del 80%, mientras que PDVSA tendría una participación minoritaria del 20%.

Pero el mayor giro de la política económica del gobierno se anunció el 20 de agosto del 2018.  A toda prescripción médica precede un diagnóstico preciso de la enfermedad.  De lo contrario los resultados del remedio podrían ser nefastos. Sin embargo, en el rimbombante programa de Recuperación y prosperidad económica no hay un diagnóstico objetivo de los problemas estructurales que enfrenta el capitalismo rentista venezolano y sus relaciones con el capitalismo mundial. Solo hay conceptos inconexos entre sí, muchas promesas desmesuradas para el pueblo y grandes garantías de plusvalía para la burguesía (Lo más importante y esencial del plan como veremos a continuación).

Recordemos para no olvidar. Se trata de un programa gradualista de liberación económica controlado desde el Estado. Se realizó una reconversión monetaria quitándole 5 ceros a la moneda.  El Bolívar pasó a estar respaldado por el criptoactivo Petro bajo una supuesta garantía de revalorización monetaria. Pero lo verdaderamente sustancial de la nueva política económica fue lo siguiente: la liberación de precios y cambiaria acompañada por una semidolarización de las transacciones. Además se aplicó una política impositiva regresiva en beneficio de los sectores importadores privados.

 La pulverización de los salarios reales fue la joya de la corona. Por debajo de la mesa y sin mucho escándalo mediático se liquidaron los contratos colectivos y los beneficios laborales, tal y como reza la infame resolución 2797. Veamos de cerca los dictados de estas medidas y sus efectos dos años después.

Liberación de precios

La drástica caída de la producción petrolera y la sequía de divisas no significó un problema para el pago oportuno de la deuda externa y la grosera fuga de capitales. Esta situación impulsó una escalada inflacionaria que para mediados del 2017 pasaría a convertirse en una hiperinflación solo comparable con la Alemania de la preguerra o Zimbague. El mismo Maduro admitió la noche del 20 de agosto que el déficit fiscal se financiaba a través de la impresión de billetes inorgánicos. Por esta vía se comienza a golpear los intereses de las familias trabadoras y humildes del país puesto que, aunque el gobierno aumentaba con bastante frecuencia los salariales nominales (los montos puestos sobre el papel) los salarios reales, es decir la capacidad de compra, descendía a niveles verdaderamente abismales.

En Venezuela los controles de precio y ganancias sin el control directo de la producción y distribución tuvieron un alcance bastante limitado. Además, siempre estuvo subordinado a las ganancias del 30% de los capitalistas (porcentaje que lograban superar con bastante facilidad por medio de diversas evasiones). Mientras el Estado podía importar alimentos gracias a los altos ingresos que percibía por la renta petrolera llegó a mitigar ciertas necesidades y garantizar en buena medida el acceso de los productos de la canasta básica. Finalizada el flujo de las petrodivisas el margen de manobra del Estado venezolano se redujo considerablemente.

Como veremos más adelante entre las medidas más comentadas del Programa de recuperación y prosperidad económica fue el aumento salarial de 1.800 bs (Una suerte de publicidad para evadir la atención sobre todo lo nocivo del programa) lo que para la fecha representaba alrededor de 30 dólares (o lo que es lo mismo 1 dólar al día. Es decir, Un salario de pobreza). Una de las cosas más significativas de este miserable aumento salarial no fue su rápida devaluación, como puede esperarse. Sino la relación que tuvo con la lista de 33 precios “acordados” con empresas privadas como Alimentos polar, Pastas Capri, Cargill de Venezuela, la Lucha, entre otras.

Lo que realmente significó esa lista de productos acordados fue la legalización de los precios ya impuestos por la vía de los hechos. Como se puede comprobar con una simple operación aritmética el monto total de esa primera lista ascendía a 2.250 bolívares Soberanos, es decir 25% más de los 1.800 Bolívares del salario mínimo. ¿Falta de planificación? ¿improvisación? Sería muy ingenuo pensarlo a estas alturas de la partida.

Pero la parte más siniestra vendría 4 meses después cuando por efectos de la hiperinflación el aumento salarial de 30$ pasaría a desmoronarse en 5$. Para el jueves 1 de noviembre del 2018 Maduro volvería a decretar otro aumento nominal de los salarios en 4.500 bs soberanos, lo que representaba un aumento del 150%. Sin embargo, a la semana siguiente, se anunció un aumento del 239% de la lista de precios acordados. Un 80% más del aumento salarial de ese momento. En términos de precios el valor total de la lista alcanzaba 8.192 Bolívares.

Desde entonces la proteína animal, el café, los granos, la harina de maíz, entre otros productos esenciales para la dieta de los venezolanos, han sufrido alzas con porcentajes de hasta 3 dígitos. El último ajuste de precios se efectuó en el mes de mayo del año en curso. Se aumentaron 27 productos de la canasta básica, manteniéndose así la línea general de los dos últimos acuerdos. Caso ejemplar es el del kilogramo de la leche en polvo cuyo precio se ubicó en ese momento en 1.405.050 bs. Mientras que aquello que llaman salario integral (Salario + Bono alimenticio) alcanza un monto de 800.000 bs.

Los resultados de esta política se hacen sentir en una clase trabajadora cada vez más depauperada y con una alimentación deficiente. Ante la pandemia del SARS-Cov 2 se nos repite con bastante regularidad el llamado a la conciencia, al uso racional del tapaboca y la necesidad de practicar el aislamiento social. Pero olvidan o pretenden hacernos olvidar que la mejor manera de defendernos contra el virus es con un fuerte sistema inmunológico, basado en una sana y buena alimentación. Hoy por hoy difícilmente la mayor parte de los niños en estado de crecimiento comen regularmente proteína animal y las calorías necesarias para un óptimo desarrollo cognitivo, lo que sin duda afectará dramáticamente a las nuevas generaciones. Estas son tan solo algunas de las consecuencias nefastas de este viraje vil y asqueroso.

La mano de obra más barata del mundo sí es sostenible.

Laburguesía, los políticos tarifados de uno u otro lado y la clase media no muy consciente de sus verdaderos intereses (Efectivos repetidores de ideas ajenas) se escandaliza por el gasto público y los subsidios a la gasolina. La opinión pública vulgar pareciera adoctrinada en ese sentido. Pero ni uno ni otros se horrorizan por los salarios de hambre que prevalecen en Venezuela. El sueño de cualquier gobierno neoliberal es posible en un país que gente como Gloria Álvarez tiene la desfachatez de etiquetar como “socialista”. En cierto modo no la culpamos. Los charlatanes se confunden entre sí con cierta regularidad. Por su método de investigación, si en verdad tienen alguno, sí la juzgamos.

Dentro del Programa de Recuperación y prosperidad económica se aprobó un aumento salarial nominal de 1.800 bs F (1/2 Petro). Como mencionamos con anterioridad Para le fecha del 17 de agosto del 2018 este “fabuloso” aumento equivalían a unos miserables 30$. No obstante, el sector patronal puso el grito en el cielo, gimió y bramó como reacción al nuevo salario. Por su parte los políticos de la derecha patronal en sus eventos públicos se quejan de la miseria, la pobreza y las necesidades de la gente. Pero por nada del mundo denunciaron en ese momento que los trabajadores perciban por su trabajo 1 dólar al día, que según organismos internacionales como la OIT significa estar sometido bajo el umbral de la pobreza. Muy por el contario denunciaron la política de Maduro como un “atentado contra la sacrosanta propiedad privada” y a las ganancias de sus jefes. Esta contradicción irremediable desnuda su hipocresía.

De todas formas, la “angustia” les duró poco y la alcahuetería haría nuevamente gala. En el mismo Programa se contemplaba que el Estado financiaría la nómina de “pequeñas” y “medianas” empresas por tres meses. Es decir, durante el tiempo suficiente para que la rampante hiperinflación convirtiera los 1.800 BS  en unos miserables 4 0 5 Dólares. Mientras tanto el gobierno se daba el lujo de subvencionar las ganancias de los capitalistas eliminado totalmente la carga laboral de sus cuentas. Pura plusvalía absoluta diría Marx.

Pero detrás de esto había una política mucho más reaccionaria y agresiva contra la intangibilidad y progresividad de los derechos laborales. Mucho más nefasta, incluso, que la bonificación del salario aplicada con anterioridad y que reducía al mínimo la incidencia de las prestaciones sociales. Esta nueva política legalizaba de manera silenciosa lo que la burguesía había impuesto por la vía de los hechos. Se trataba del memorándum 2797, el cual fue emitido por el ministerio del Trabajo el 17 de octubre del 2018, casi un mes después de anunciarse el Programa de Recuperación y prosperidad económica.

Este documento, para decirlo en pocas palabras, permite que por vías legales los patronos desconozcan unilateralmente los derechos contractuales y salariales de sus empleados. La razón que esgrimen en el memorándum es que el Plan de recuperación y prosperidad Económica es un “programa orgánico e integral” y que el aumento de 1.800 bs F (30$) era suficiente para honrar todos los benéficos laborales. Como si es el cinismo fuera poco justifican la medida en las supuestas diferencias económicas que han fomentado la existencia de grupos privilegiados entre los mismos trabajadores. Es decir, el problema no es la desigualdad económica prevaleciente entre la vieja burguesía, los nuevos ricos y los trabajadores, sino las diferencias y privilegios existentes en el seno de la propia clase trabajadora. Ni en el reino neoliberal de Hayek o Freedman se veía semejante cinismo.

El desconocimiento de los factores de cálculo en las contrataciones colectivas se encuentra entre los lineamentos más polémicos pues aplanaba hacia abajo tanto salarios como beneficios. Los patronos pueden desconocer los derechos laborales si consideran que ponen en riesgo la fuente de trabajo.  así que basta con revisar todo aquello que considere “oneroso” para sus cuentas, algo así de subjetivo, para golpear a los trabajadores.

El memorándum no solo representa un ataque directo a los derechos laborales. También es una medida profundamente antidemocrática. En su lineamento número 1 establece que todas las decisiones relacionadas a los derechos laborales quedan en mano de los patrones y de una comisión del ministerio del trabajo. Es decir, la vida, el consumo, la calidad de vida, los beneficios y los frutos del trabajo quedan bajo el poder de burgueses y burócratas coligados. La participación y el histórico derecho a huelga de la clase obrera es fusilada con un firmazo. Entonces ¿Existe una dictadura comunista en Venezuela? ¿o es la misa dictadura del capital que prevalece en el mundo, pero en un país atrasado, rentista y dependiente?

Desde entonces el gobierno ha aumentado los salarios nominales cada cierto tiempo, pero los salarios reales, la capacidad de compra que se tiene con ellos, es cada vez más baja. Hasta la fecha el salario se ha mantenido entre 4 y 2 $ mientras las transacciones se dolarizan día a día, la gasolina aumenta y los empresarios son exonerados de impuestos. Las cargas salariales en las nóminas de las empresas son casi nulas. En Venezuela no solo se consagra el derecho a la propiedad privada como un bien “inalienable” en detrimento de otros derechos humanos. También se protege el derecho a la ganancia privada con tasas de plusvalía absoluta

Política impositiva regresiva

Formas de acabar con el déficit fiscal de un Estado hay muchas, aunque para los liberales solo existan dogmas y recetas preestablecidas que en última instancia se dirigen a restablecer la tasa de ganancia de los ricos. Veamos qué políticas fiscales ha escogido el gobierno y quienes salen perjudicados y quienes ganando… literalmente hablando.

El subsidio a las ganancias del sector privado no se limita al desmontaje de la carga laboral en sus cuentas o el otorgamiento de créditos. La política impositiva regresiva que el gobierno ha venido aplicando acentúa el financiamiento estatal hacia este sector. Esto no es ningún fenómeno nuevo, ni nada por el estilo. El carácter burgués del Estado basado en una elevada renta petrolera pública posibilitó una de las herencias más vergonzosa de la histórica económica venezolana: La nula responsabilidad fiscal del sector privado. Lo verdaderamente novedoso es que con Maduro se ha profundizado a niveles inauditos

El programa de Recuperación y prosperidad Económica exoneró del impuesto sobre la renta (ISLR) a empresas petroleras que estén o no radicadas en Venezuela, es decir también releva de cualquier clase de tributos a los pulpos petroleros imperialistas, sean rusos, chinos o norteamericanos. También decretó la exoneración para la importación de Materias primas y maquinaria de todo tipo de producción. Esta medida incluye el beneficio para todas las empresas que operan en el país, petroleras o trasnacionales de otras ramas industriales y de servicio.

Con ningún gobierno posterior a Gómez se había llegado a tanto con la política impositiva que se decretó en beneficio de las empresas petroleras trasnacionales y extractivistas. Al igual que en aquellos tiempos oscurantistas, que pensábamos superados, cualquier entidad con el capital necesario puede venir aquí, extraer la materia prima que quieran, llevarse sus riquezas y no aportar ni un centavo al Estado…Incluso pueden traer su manufactura, producida con nuestra materia prima, a nuestro mercado y venderlas a precios elevadísimos. 

La última de estas medidas llegó silenciosamente con el aumento de la gasolina. Según la gaceta oficial N 41890 el gobierno exoneró del Impuesto al valor agregado (IVA) , impuestos de importación y tasa por determinación al régimen aduanero a las ventas e importaciones privadas relacionados al combustible. ¡Que comience la fiesta! 

Alguien debe pagar las cuentas del Estado. Si no son los ricos entonces serán los pobres. En Venezuela las cuentas son pagados con el sudor de la gente de a pie. Mientras los millonarios son exonerados, a nosotros nos clavaron, en el Programa de Recuperación y prosperidad Económica, un aumento del 33% del IVA, el cual pasó del 12% al 16%. Como si fuera poco tener salarios de 2$, pérdida de beneficios laborales, una economía casi dolarizada, precios excesivos. ¡también debemos pagar un impuesto indirecto del 16%!

La política cambiaria

Como era de suponer la sequía de divisas imposibilitó el mantenimiento del rígido control cambiario existente desde 2003. Este control, con todas sus formas conocidas (CADIVI, DICOM, CONCOEX), al manejarse bajo la rígida administración de la burocracia estatal y sin la mínima fiscalización del poder popular degeneró en una fuente de multimillonarios guisos o en una forma más de apropiación de la renta: Importación de mercancías baratas para la especulación comercial, reventa de dólares preferenciales en el mercado negro y fuga de capitales .

Tanto la vieja burguesía como los nuevos ricos vinculados al gobierno fueron partícipes vampíricos de una fiesta que desangró al país.  De la fabulosa II bonanza petrolera se desaparecieron, entre empresarios viejos, patriotas y empresas de maletín, un monto superior a 400.000 millones de dólares.

Un asalto descarado a las finanzas públicas. Pero en lugar de llevar a cabo una política de repatriación de capitales, de apertura de los libros contables de las empresas privadas para develar en que invirtieron las divisas entregadas y de poner a disposición de la justicia a los ladrones y empresarios de maletín que fugaron millones de capitales, El gobierno muy consecuente con su programa de ajuste capitalista y ante la necesidad de divisas terminó por aplicar una liberación dantesca del tipo cambiario.

Un decisivo paso adelante fue la derogación, por vía ANC, del decreto con rango, valor y fuerza de ley del régimen cambiario y sus ilícitos. Esta medida fue promulgada  mediados del 2018. A partir de esta reforma sería legal la compra y venta de divisas entre personas naturales y jurídicas. Pero de esta manera no solo se liberan las transacciones relacionadas al cambio de divisas extranjeras. Ahora tendría estatus legal lo que en los hechos concretos venía sucediendo; la oferta, venta y compra de productos en dólares. En pocas palabras se legalizaba una semidolarización de la economía. Lejos de “pulverizar el dólar” éste ganó terreno.

Para mayo del 2019 el Banco Central de Venezuela clavó la estocada final al DICOM. El BCV autorizó a la banca pública y privada la venta y comprar de divisas por medio de las denominadas “mesas de cambio”. Algo muy similar se venía manejando con las casas de cambio que tenían autorizado la compra y venta con tasas cercanas al dólar paralelo. En la misma resolución se establece que las entidades financieras deberán enviar diariamente la información de volumen de divisas y tasas de cambio, siendo la base con la cual el organismo central ponderaría el promedio de la nueva tasa referencial. En el fondo estas medidas en su conjunto representan una mega devaluación del Bolívar con implicaciones draconianas en el salario de los trabajadores.

Para la fecha de elaboración de este articulo (08-07-2020) el dólar paralelo se cotiza en 219.352 Bs. Mientras que la tasa del banco central se ubica en 208.216 bs. Hoy por hoy la unificación cambiaria es prácticamente un hecho en Venezuela. Algunos sectores de “la izquierda” acomodada celebran pírricamente lo que consideran en su estrecha mentalidad la eliminación del Dólar paralelo. Para ellos la batalla contra todas las expresiones del denominado “Dólar negro” fue superada. Pero lejos de estas pretensiones ilusorias, vergonzosas por demás, lo que en verdad se encubre es que el dólar paralelo terminó legalizado.

El pago puntual de la Deuda.

“Venezuela seguirá atendiendo sus compromisos Internacionales con el criterio de responsabilidad y cumplimiento”

Nicolás Maduro 17 de octubre del 2017

 Con una crisis arrastrada desde los 80, maquillada con la bonanza petrolera y agudizada a partir del 2014 Nicolás Maduro no ha tenido el menor de los decoros para admitir el pago puntal de la deuda externa. En varias comparecencias públicas confirmó con el pecho bien hinchado que su gobierno es “buena paga”. Según el portal Prodavinci la deuda externa per cápita estaría alcanzando la cifra de 3.916 dólares por habitante en 2017, un incremento del 223% frente a la deuda de 1999.  El 40% de la deuda pertenecen a bonos soberanos.

Aunque en octubre del 2019 Maduro conformó una comisión para la restructuración de la deuda externa, desde el inicio de su gobierno hasta esa fecha había pagado 74 mil millones de Dólares. Mientras que el sistema de salud se encuentra colapsado y la gente realiza verdaderos rituales para poder alimentarse y comprar medicamentos. La cosa se agrava cuando tomamos conciencia de que con la agudización de la crisis la deuda externa representa una proporción mayor a las divisas que ingresan, en 2017 la deuda externa equivalía a 431.1% de nuestras exportaciones. 

Con el agotamiento de las arcas públicas y la imposición de sanciones Norteamericanas a partir del 2017 entramos en un default silencioso, solo con pagos parciales y selectivos. Sin embargo, nada de esto sirvió de obstáculo para pagar 949 millones de dólares para la cancelación de intereses del bono 2020. Esto después de que la administración de Trump autorizara la ejecución de ciertos pagos vinculados a acreedores norteamericanos.

Para finales del mismo año el Estado declaraba

 «El Gobierno Bolivariano de Venezuela y su empresa PDVSA informan a todos los tenedores que se inició el día de hoy el proceso de transferencia para el pago de los intereses de los Bonos PDVSA 2026, PDVSA 2024, PDVSA 2021 y Bonos PDVSA 2035», 

Peor actitud es la de Juan Guaidó y su gobierno ficticio. Quien sin ser gobierno y mediante la usurpación más burda pagaron 71 millones de dólares sacados de CITGO para pagar una deuda respectiva al bono 2020. Ellos no son más que un instrumento del imperialismo para el saqueo de capitales.

El problema no es si debemos honrar la deuda o no, como si fuera algo tranzado por la calidad moral de quienes conducen al Estado. El agravante es la cantidad de gente afectada por la sangría de nuestros recursos. Por cada dólar destinado al pago de la deuda hay un dólar que se deja de invertir en comida, medicamentos, salud y otros bienes y servicios esenciales. Además, estos mecanismos de deuda representan los muchos tipos de mecanismos de control y empobrecimiento que condenan a los países subdesarrollados al atraso y al hambre.

Guaidó demuestra su hipocresía frente a las denuncias de hambre y miseria. Maduro pone en claro sus verdaderas prioridades.

Lo más lamentable de todo esto es que hablamos de una parte de la deuda. También están los intereses de chinos y rusos.

La parte de la deuda rusa restructurada se pagará cinco veces más a partir del 2023 según un informe presentado en la Duma. El gobierno venezolano tiene el compromiso de pagar 133 millones de dólares al año desde 2019 hasta 2022. La cifra pasaría a 684 millones de dólares entre 2023 y 2026. Se prevé el reembolso de 3.120 millones de dólares en Capital y pagos de intereses por 217 millones de dólares.

¡Este compromiso es tan inaúdito como infame! Quintuplicar el pago de deuda para 2023 mientras los hospitales colapsan y los salarios se desvanecen. Una Política para nada socialista.

Ley de inversión extranjera: Antimperialistas de boca, cipayos de corazón 

De la retórica “antiimperialista” se abusa conforme avanzan los problemas internos. Para la actual dirigencia Estatal le es muy conviene usar al enemigo exterior como la figura responsable de todos los males de la república. Ese es el antagonismo que justifica el Estado de guerra, la unidad de cuerpo y la ausencia de debate a lo interno del PSUV. Pero en los hechos concretos este “antiimperialismo” no aguanta el menor de los escrutinios.

Bastaría con hablar de la entreguista ley de Inversiones extranjeras promulgada por La ANC a finales del 2018 y la terrible experiencia del Arco Minero del Orinoco (AMO) para desgarrar con el filo de la verdad a este “antiimperialismo” de papel. Como demostraremos se trata de la legalización de mecanismos de expoliación predilectos de los países imperialistas para la acumulación de capital en su propio provecho.

Tal y como lo declara el capítulo 1 de la Ley de inversiones extrajeras se busca “Consolidar un marco que promueva, favorezca y otorgue seguridad Jurídica a las inversiones” Pero ¿Qué significa esto de promover seguridad Jurídica y condiciones favorables? Pues abaratar la mano de obra allí donde sea necesario, suprimir derechos sindicales y financiamiento Estatal a las ganancias a través de partidas presupuestarias. También significa implementar ordenamientos jurídicos que protejan la propiedad privada, el saqueo descarado de la fuerza productiva y de los recursos naturales. Pareciera que el imperialismo tiene torpedos más eficaces en su estrategia económica que las mil proclamas antimperialistas del partido de gobierno.

En dicha ley se profundiza los elementos más entreguistas de la ley promulgada en 2014. La exigencia de permanecer dentro del territorio nacional se reduce de 5 a 2 años, mientras que los dividendos o utilidades extraídas de la inversión pueden llevarse al extranjero en su totalidad, es decir en un infame 100%. Los capitalistas gringos, canadienses, chinos, rusos o cualquier otro, pueden venir e invertir sus capitales, explotar la fuerza de trabajo local   y los recursos naturales hasta su agotamiento y extraer  jugosas ganancias, las cuales serán acumuladas en los países imperialistas de origen. Ante semejante entreguismo, ¿Dónde quedo el discurso de independencia y plena soberanía del presidente Chávez?

Como ya mencionamos mucho se habla del déficit fiscal y la necesidad de equilibrar las cuentas. Sin embargo, la ley de Inversiones extranjeras establece el finamiento de las ganancias privadas con dinero público a través de un conjunto de medidas impositivas y gasto estatal. Los tipos de condiciones favorables que se especifican en el artículo 23 son las siguiente:

  1. Desgravámenes,
  2. Amortización acelerada
  3. Compra de la producción por parte de los órganos entes del sector público
  4.  Bonificación de impuestos
  5. Exenciones arancelarias
  6.  Exenciones tributarias
  7. Condiciones crediticias especiales,
  8. Tarifas especiales en servicios públicos,
  9. Acceso preferencial a insumos y materias primas administradas por el estado,
  10. Plazo de duración de la estabilidad tributaria

Toda una serie de políticas impositivas y de financiamiento  Estatal al servicio de los capitales extranjeros.

Pero uno de los elementos más infames de esta ley es la figura de “Inversionista Nacional con Inversión Extranjera” que se establece en el Artículo 7. Para dicho artículo todos los venezolanos residentes en el extranjero o empresas nacionales pueden invertir recursos provenientes del extranjero. Así la impunidad de los corruptos se pasa por el filtro de ley. Con estas figuras se busca repatriar y legalizar la fuga de capitales que se produjo en la bonanza petrolera. Ahora estos piratas de cuello blanco pueden venir e invertir todo o parte de lo que se robaron, legitimando dichos capitales. Además podrán  gozar de todos los beneficios que la ley promueve. De esta manera los nuevos ricos gracias al saqueo de las finanzas públicas pretenden convertirse en respetados burgueses

Por su parte el AMO no solo tiene implicaciones ambientales y sociales nefastas (aun cuando se establece toda clase de eufemismos para encubrir el impacto negativo de este megaproyecto minero) sino que significa una estocada más a la soberanía nacional, con un agravamiento de la profundización de la actividad extractivista primaria. En los 111 mil kilómetros, Equivalente al 12% del territorio nacional, que comprende este asalto minero se encuentran los denominadas “zonas Especiales” dentro de las cuales los capitales extranjeros como la Golds reserve gozan de exoneraciones impositivas y del incumplimiento de las leyes laborales de la república, así como de completa libertad para desconocer los derechos a organización sindical, de huelga y protestas. Los cuales además están penalizados. 

Lo más lascivo de AMO no solo es el impacto ambiental (La excavación de profundos cráteres, empleo de cianuros contaminantes en ríos, entre otras cosas) o el desplazamiento y la vulneración de los derechos de las comunidades indígenas (Lo que demuestra además que estamos ante un política profundamente antidemocrática) sino que abre de par en par las puertas de los recursos naturales (Oro, el coltán, diamantes y cobre ) para que sean extraídos de nuestro suelo y enviados a las principales capitales industriales y financieras del mundo. Quedándose el Estado sólo con una pequeña parte del botín y usándola de forma discrecional, sin ninguna clase de repercusión en el desarrollo  productivo del país. 

 El aumento de la Gasolina

Como si todo lo mencionado fuera poco el 30 de mayo de este año el gobierno decretó la eliminación Parcial del subsidio a la gasolina, el inicio de la privatización de la distribución y la legalización de las transacciones en divisas. La aplicación de este aumento se realizó bajo un esquema con dos niveles. Por un lado, la gasolina subsidiada pasará a estar racionada a un costo de 5.000 Bs. Vehículos y motos particulares contaran con este subsidio al mes solo por 120 y 60 litros respectivamente. A partir de allí deberá pagarse a precios internacionales.

El otro nivel está compuesto por 200 estaciones de servicio privadas que cobran la gasolina a precios internacionales: 50 centavos el litro. Lo más ruin de este modelo es que ni siquiera fue convocado un mecanismo trasparente de licitaciones para esas 200 Estaciones de servicio. Creándose una nueva fuente de grandes negocios y guisos para los empresarios vinculados al gobierno.

La comprometida situación de los complejos refinadores del país es la consecuencia directa de la falta de inversiones (o para una mayor exactitud de inversiones fraudulentas). La responsabilidad de estos hechos pertenece tanto a los integrantes del clan del Ramírez como los nuevos gerentes. También las sanciones americanas han agravado considerablemente la situación, pero no son la causa principal.

Como la capacidad importadora del Estado es cada vez menor el gobierno ha extrapolado el modelo de los “Bodegones” al sistema de distribución de gasolina. El Estado permitirá que los privados importen gasolina con su propio dinero, exonerándolos de cualquier clase de obligación fiscal.

 Dada la incapacidad de recuperar las refinarías con los mismos métodos burocráticos y ante la falta de confianza en la clase obrera, la gasolina subsidiada seguirá en manos de militares. En los inevitables períodos de escasez continuarán haciendo lucrativos negocios; vendiendo el litro de gasolina 3 veces por encima del precio internacional. Eso sí podemos estar seguro que la gasolina privada no faltará en ninguna de las 200 Estaciones de servicio “Premium”.

Represión

Ante el escenario descrito es impensable un período social de estabilidad. El equilibrio político seguirá siendo frágil y las luchas sociales una constante. El modelo rentista-clientelar que otorgaba una relativa legitimidad al gobierno en procesos electorales se ha agotado. Ahora la legitimidad se impone con el filoso apoyo de los órganos de represión.

Podemos comenzar con Las luchas campesinas violentamente reprimidas. Famoso es el caso de los 9 comuneros de barinas detenidos sin pruebas de algún delito o el frustrado asalto contra la experiencia comunitaria el Maizal en el Estado Lara. La persecución y asesinatos de campesinos es algo bastante cotidiano. Se recrudecen en la misma medida en que las luchas campesinas se intensifican. En la mayoría de los casos se trata de luchas defensivas como respuestas contra arbitrarios desalojos de tierra. Todo esto, al igual que la marcha campesina admirable que acompañamos en 2018, es una consecuencia de la política impulsada por castro Soteldo desde el ministerio de tierras. Para este señor, a diferencia de la política promovida por el comandante Chávez, solo la burguesía revolucionaria está en capacidad de poner a producir la tierra, aunque la evidencia historia manifieste resueltamente lo contario.

En mayo de este año numerosas familias fueron desalojadas de forma violenta del Hato San Pablo Paeño luego de una orden emitida por el Instituto Nacional de tierras. En julio del año pasado efectivos del FAES y de la PNB amedrentaron con armas de fuego al grupo de campesinos que protestaban frente al INTI desde el 26 de junio. ¿Qué pedían estos campesinos y campesinas? Cosas bastante justas y amparadas por el ideal bolivariano: Devolución de tierras, eliminación del régimen de presentación que pesa sobre los campesinos que luchan por las tierras, justicia contra el sicariato (más de 300 campesinos asesinados en 20 años) y la conformación de un Plan de siembra democrático de la mano con los consejos campesinos.

Pero la judicialización y criminalización de la lucha no solo se restringe al campo venezolano. Los salarios pulverizados, las pésimas condiciones de vida, el alto costo de la canasta básica, ocasiona un aumento de la movilización obrera en todos los niveles. Numerosos trabajadores movilizados por mejores salarios o beneficios laborales han sido encarcelados o sometidos a procedimientos judiciales. Entre los casos más destacables es el de Rodney Álvarez, trabajador de Ferrominera, acusado por un crimen que no cometió. Pero donde le mundo pareciera ponerse al revés es en el caso de Alfredo Chirinos y Aryenis Torrealba. Ambos denunciaron persistentemente actos de corrupción en PDVSA. Ambos fueron humillados públicamente como agentes del imperialismo y detenidos sin respetar el debido proceso. Sin embargo, los corruptos que ellos denunciaron y que desangraron a PDVSA siguen impunes, en plena libertad y gozando de sus privilegios.

Son muchos los nombres de las personas, dirigentes sindicales y luchadores sociales detenidos injustamente. Lo importante a resaltar en este punto es que no se trata de detenciones aisladas. Nos encontramos ante una política de Estado que busca amedrentar al movimiento popular justo en un contexto donde la luchas de clases se agudizan.

¿Qué hacer?

Es inaudito continuar acompañando un gobierno de esta naturaleza, aun si nos colocáramos en una posición de apoyo crítico. Ya no estamos ante simples defectos, errores de inexperiencia o ingenuidad. Lo divino se vuelve profano, lo que ayer eran dirigentes reformistas de izquierda hoy se han pasado a las filas de la contrarrevolución de derecha. Las revoluciones no solo pueden ser vencidas por un enemigo exterior, también son devoradas desde adentro por sus propias contradicciones. Si la revolución no se completa demoliéndose el Estado burgués y avanzando en la nacionalización de la producción, ese mismo Estado burgués coligado con la vieja burguesía y los nuevos ricos avanzarán hasta liquidar la revolución.

En lo inmediato las clases trabajadoras, los obreros y campesinos del país deben recuperar su independencia política con completa libertad de crítica. Una alternativa desde la izquierda debe elaborar un nuevo programa revolucionario que contemple tanto exigencias reivindicativas mínimas como son “Salario igual Canasta Básica”, mejora de los servicios públicos, acceso a medicinas, como demandas democráticas y revolucionarias mucho más profundas. Así mismo deben emplearse métodos profundamente democráticos, que reflejen el país obrero, campesino y comunal que queremos.

Para aterrizar esta idea debemos contemplar la realidad del movimiento popular venezolano. El mismo se encuentra disperso y atomizado en un sin número de organizaciones, todas de diversa naturaleza y concepciones ideológicas. Lo primero es crear espacios comunes para unir fuerzas en luchas. La lucha contra los trabajadores presos o por el salario igual a canasta básica es un buen aliciente para fomentar un frente de lucha común.

Este centro debe comenzar a discutir cuales son las políticas democráticas, sociales y económicas que mejor representan sus intereses como clase trabajadora. En ese sentido sería un completo error rechazar todas las conquistas logradas por el pueblo durante los primeros años de la Revolución Bolivariana. Debemos asumirlas como importantes pasos adelante, retomando incluso los aspectos más revolucionarios del comandante Chávez. Los principios de democracia participativa y protagónica no tiene nada que ver con el actual curso gubernamental.

Nuestras perspectivas no solo deben ceñirse a la lucha de clases a nivel nacional. También debe enlazarse directamente con la coyuntura Internacional. Tanto en América Latina como en el resto del mundo. Las heridas abiertas de la crisis financiera del 2008 no se han cerrado. Es bien notorio que antes de la Pandemia del SARS-COV  2 América latina pasaba por un gran flujo de insurrecciones populares (Ecuador, Chile, Colombia, Bolivia, etc). Europa no estaba menos conmocionada. Hoy EEUU es un centro importante de luchas contra la discriminación y el odio racial. Todos estos procesos influirán de una u otra manera sobre venezolana. Es nuestro deber prepararnos ante ello.

La participación en las venideras elecciones legislativas debe ser precedida por un debate amplio en el seno del movimiento popular y las organizaciones dispuestas a construir una alternativa revolucionaria, desde la izquierda y con objetivos que planteen trasformaciones estructurales. El principio táctico de esto será: de participar en las elecciones legislativas la única alianza posible es con el pueblo y las organizaciones de base que en verdad representan sus intereses.

Es el momento de colocar los primeros bloques para la construcción de una dirección revolucionaria. Ocupar el lugar de locomotora de la revolución o pasar a tener el lamentable   papel de furgón de cola de la contrarrevolución neoliberal.  La independencia política es un elemento incondicional para una autentica acumulación de fuerza y la consecución de objetivos revolucionarios, lo demás es oportunismo y retórica barata.

* José Jesús Díaz Acosta, es militante del colectivo Corriente Marxista Lucha de Clases

Sobre el autor

Comentarios (1)

  1. Avatar

    Si todo eso es cierto ¿qué diablos es lo que quiere Trump?

Comenta aqui