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[NOTICIA] Comunicado de los Movimientos Feministas

Dirigido al Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.

Desde los Movimientos Feministas y Populares hacemos un llamado a las autoridades del Sistema Judicial sobre el aumento de delitos contra las mujeres que se vive en el país, haciendo especial énfasis en el incremento de femicidios. 

La vida de las mujeres se encuentra hoy en permanente riesgo por lo que nos pronunciamos ante ustedes, quienes ejercen la rectoría de un sistema que no nos da respuesta, que nos revictimiza, que nos veja. Vemos con preocupación que las políticas enfocadas a protegernos chocan de frente con la cultura machista del maltrato y paraliza a las instituciones responsables de hacer cumplir una de las leyes más avanzadas del Continente en materia de Violencia Contra las Mujeres. 

En vista de que las cifras extraoficiales recopiladas por movimientos sociales e individualidades comprometidas han alcanzado porcentajes preocupantes y nunca vistos (sumando al 24 de noviembre 135 femicidios) se hace fundamental un llamado de atención al Estado, todos sus poderes y especialmente al Poder Judicial, garante constitucional de impartir justicia, para que revise sus procedimientos con la finalidad de adecuarlos a una realidad marcada por una crisis multifactorial producto de la guerra no convencional de la que es objeto nuestro país. 

Concentración en Caracas, 25 de Noviembre – Ketsy Medina

Hoy, a las mujeres víctimas de violencia, en la práctica no se les permite denunciar violencia psicológica, acoso y hostigamiento, violencia patrimonial, violencia obstétrica o violencia institucional; debido esencialmente a que no se exige a funcionarias y funcionarios que garanticen la aplicación de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Un porcentaje considerable de mujeres viven en constante zozobra porque las investigaciones pertinentes a sus casos no concluyen, ocurren pérdidas de evidencias de las cadenas de custodias, sus casos son sobreseídos o pasan a archivo judicial por fallas del sistema en los procedimientos, que incluyen retardos procesales y sobrecarga de la responsabilidad de las mujeres en situación de violencia en la promoción de pruebas, entre otros.

Concentración en Caracas, 25 de Noviembre – Mollie Aguirre

Nos vemos altamente vulneradas en nuestros derechos cuando funcionarias y funcionarios del sistema de administración de justicia no calificados como actores del mismo, impiden el acceso de las víctimas a estaciones de policías, fiscalías o tribunales por hacer uso de faldas, camisetas, o shorts que consideran “inapropiadas”. Es así como, para poder hacer valer nuestros derechos, establecidos en la ley, debemos pasar por “alcabalas” que nada tienen que ver con el espíritu de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Más violencias transversalizan la vida de las mujeres, violencias que  ocurren como consecuencia de desigualdades históricas de clase en las que las féminas son el sector más vulnerable. Es así como, campesinas, indígenas, comuneras, pobladoras urbanas, trabajadoras y mujeres de las disidencias sexuales se convierten en objeto de estas agresiones cuando sus derechos violados por prácticas en las que tienen presencia los desalojos arbitrarios, secuestros, despojos de territorios, sicariatos y discriminación laboral hacia las profesiones feminizadas, entre otras. 

Concentración en Caracas, 25 de Noviembre – Mollie Aguirre

Conocemos de casos en los que compañeras han sido perseguidas, acosadas y hostigadas, hasta tal punto que a través de acciones del sistema judicial  son vulnerados sus Derechos fundamentales; superponiendo el derecho a la propiedad de los más ricos y poderosos y el patronazgo a los Derechos Humanos constituidos en la constitución y los contenidos en el derecho internacional, como: el derecho a la vivienda, el derecho a la tierra, la vida, la educación, la salud y al trabajo digno.

Del mismo modo es necesario hacer énfasis en los crímenes de índole sexual, que atentan contra el bienestar de miles de mujeres venezolanas.

Entre las formas de violencia sexual figura la trata y la explotación, así como, los casos de violación y abuso que sufren niñas, adolescentes y mujeres venezolanas a diario, sin embargo no existen políticas públicas o espacios institucionales que den respuesta oportuna para la protección y atención de lo que se ha convertido en un flagelo endémico.

En este sentido, nuestras exigencias pasan por el reconocimiento de la institucionalidad que integra el Sistema de Protección a las Mujeres, pero sobre todo de sus responsabilidades primigenias a este respecto, por lo que les instamos para que se avoquen, como se hizo en otras etapas de nuestra historia reciente, a la generación de políticas.

Concentración en Caracas, 25 de Noviembre – Ketsy Medina

Partiendo de una revisión de las responsabilidades jurídicas y políticas de los procesos legales e institucionales que competen al Estado según nuestro marco jurídico, y que representan compromisos de hecho con la población venezolana. Vemos con preocupación los siguientes puntos: 

Procedimientos para la formulación de la denuncia: En los órganos receptores de denuncias debe revisarse a profundidad los protocolos para estos fines, de manera de que las mujeres en esta situación no se sientan inseguras, criminalizadas y silenciadas, resultando revictimizadas. La sensibilización y formación permanente y obligatoria en materia de género, junto a políticas que sancionen las malas prácticas de las funcionarias y funcionarios, la revisión de los procedimientos, y el cumplimiento efectivo del debido proceso son elementos esenciales para garantizar la protección de las mujeres de la nación.

Respuesta a los casos de violencia y femicidios con expedientes abierto: Existen al momento una cantidad importante de casos en espera de resolución por parte de los tribunales, así como de muchos que son desestimados porque las mujeres en situación de violencia, y las y los sobrevivientes, abandonan los casos, víctimas del conocido fenómeno sicológico “círculo de la violencia” por lo que llamamos la atención ante el hecho de que la desestimación de los mismos por fiscalas y fiscales, y juezas y jueces va en contra del espíritu de la Ley Orgánica sobre el Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que establece que los delitos contra las mujeres son delitos públicos.

Especial atención a los casos de violencia contra la población trans: Es público y notorio la vulnerabilidad y riesgo que tiene la población trans en nuestro país y en cualquier parte del mundo, por lo que solicitamos que los casos de violencia contra ellas sean tratados por el sistema judicial sin discriminación, con máxima celeridad y especial atención.

Concentración en Caracas, 25 de Noviembre – Ketsy Medina

Cifras oficiales de femicidios: Desde el año 2015 el Estado no publica cifras oficiales de estos casos, lo que dificulta la generación de políticas públicas acordes a la situación actual.

Cifras oficiales sobre casos por mortalidad materna: Otro flagelo que ha venido en aumento en el último lustro son los casos de mortalidad materna, en este sentido vemos con preocupación que no se visibiliza la responsabilidad concreta del personal de salud y las instituciones hospitalarias en cuanto a las mismas; siendo que en el Protocolo latinoamericano de investigación de muertes violentas de mujeres por razones de género se consideran femicidios indirectos.

Cifras de las víctimas de trata y prostitución forzada: En los últimos 4 años los casos de víctimas de trata han aumentado de manera alarmante, esto como consecuencia directa de una crisis económica que afecta y repercute en los otros ámbitos de la vida haciendo eco principalmente en la poblaciones más vulnerables, entre ellas, las niñas y adolescentes de zonas populares y rurales precarizadas del país, así como también a las mujeres que han salido a través de nuestras fronteras internacionales, y se han visto forzadas a ejercer la prostitución, bien sea mediante engaños o por necesidad.

Cifras de las víctimas de violencia de nuestras compañeras transfemeninas: la discriminación y exclusión que el sistema de administración de justicia aplica a la comunidad sexo género diversa se ha incrementado en los últimos años. Las demandas y exigencias de este colectivo para el reconocimiento de sus derechos han sido invisibilizadas, condenándoles a una situación de exclusión que hace imposible que se generen políticas públicas a este respecto, especialmente cuando se desconocen cuántos casos de violación y homicidios se cometen contra esta población especialmente vulnerable.

Concentración en Caracas, 25 de Noviembre – Ketsy Medina

Cifras de denuncia de las otras formas de violencia que contempla la ley: No seremos capaces de generar proyectos y políticas públicas que protejan a las mujeres si no entendemos cuáles son las formas de violencia más comunes que estamos sufriendo como mujeres ni las razones por las que las padecemos, en este sentido, en necesaria la creación o adecuación de alguna institución que, conformada por funcionarias y funcionarios formados en materia de género, se avoque a la protección y prevención de las diferentes formas de violencia contenidas en la ley, para que de este modo podamos dar cese a las distintas manifestaciones de violencia en las que no se hace suficiente énfasis, por ejemplo: la violencia simbólica, expresada en elementos como la cosificación del cuerpo femenino y la revictimización de la mujer por parte de los medios de comunicación masivo.

Estamos al tanto del asedio político, el bloqueo y la crisis económica a la que han sometido a nuestro pueblo desde hace ya cinco años, sin embargo, nos parece que este discurso ya no puede sostenerse como excusa ante una serie de urgencias que se están multiplicando en la población y que han precarizado de manera alarmante y sistemática la vida de miles de venezolanas y venezolanos, son impostergables las acciones destinadas a dar con las soluciones colectivas que pasan, necesariamente, por un llamado real a la incorporación del Poder Popular a la toma de decisiones políticas y judiciales del país. 

En este orden de ideas, exigimos mecanismos para la articulación efectiva entre los movimientos sociales enfocados en género y las distintas instancias gubernamentales cuya función es la protección de las mujeres; instancias que estén prestas a escuchar al pueblo y a dar soluciones efectivas más allá de las coyunturas políticas y que logren trascender los obstáculos burocráticos que tanto desalientan el trabajo articulado entre el Estado y los movimientos sociales.

¡No queremos más femicidios,
ni trata, ni explotación!
¡Queremos que de respuesta la institución!
En revolución, en revolución.
#JusticiaParaTodasLasMujeres

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