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[OPINIÓN] ¿Guarimba o protesta popular?

guarimba o protesta popular

El pasado martes 23 iniciaron las protestas en Yaracuy. Una alcaldía quemada, varios detenidos y heridos es el saldo que dejan más de cuatro días de protestas en los municipios Bruzual, Nirgua, Peña y San Felipe del Estado Yaracuy. Las manifestaciones han sido fuertemente reprimidas por funcionarios policiales, militares y civiles armados.

Si bien Yaracuy sobresalta por la intensidad de las protestas, las mismas también se han dado en otros estados, entre ellos Táchira, Bolívar, Falcón y Nueva Esparta. En este último estado, sólo el día lunes se dieron 17 protestas en 8 municipios de la entidad. El motivo principal es la carencia de servicios: apagones frecuentes, falta de agua, gas y escasez de gasolina, todo eso en medio de una aguda crisis económica y de la pandemia del COVID-19.

En este contexto, mientras el gobierno busca contener las protestas y sus justificadores de oficio intentan hacerlas pasar por nuevas guarimbas para «sabotear las elecciones», la derecha pro-Guaidó trata de endosarse unas movilizaciones que desde hace mucho ya no tiene capacidad para convocar.

¿Un cambio de situación?

A comienzos de agosto, el Instituto Delphos y el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), publicaron el resultado de su encuesta «Prospectiva 2020» para el segundo semestre del año. Dicha encuesta, hecha por tanques de pensamiento abiertamente de derecha, arrojaba datos sobre la propensión a ir a votar o a protestar de los encuestados que vale la pena revisar. 

En cuanto a las elecciones parlamentarias del 6D, un 62,9% señaló que consideraba que la oposición debería participar, mientras que un 58,9% señaló que iría a votar independientemente de si la oposición participa o no. Este último resultado fue segmentado por nivel socioeconómico, quedando plasmado que la abstención se encuentra arraigada entre los sectores A-B (con un 67,2%), mientras que los encuestados de estratos más humildes manifestaron la intención de ir a votar (D: 61,4% y E:73,4%).

Por otro lado, el resultado sobre la disposición de protestar confirmaba un importante reflujo del movimiento popular, ya que el 64,6% de los encuestados respondió que no estaba dispuesto a hacerlo. Este último resultado puede tener varias lecturas: la pandemia por el COVID-19 y la ausencia de un liderazgo político claro y comprometido con las luchas populares.   

Como otros factores desmotivadores podríamos considerar también la criminalización de la protesta y el hecho que cada vez son más los que, a consecuencia de la crisis, están buscando soluciones individuales a sus problemas, «resolviendo», mientras que las soluciones colectivas (organización y movilización) pasan a segundo plano. Pero como diría Galileo Galilei: «y sin embargo se mueve», la gente ha vuelto a salir a la calle. 

Si bien la cuarentena, la ausencia de un liderazgo, y la criminalización de las luchas sirven como mecanismos de contención de la protesta popular, no es menos cierto que el acelerado deterioro de la situación es un catalizador de las mismas. La gente sabe que el COVID-19 mata, pero igual debe salir a buscar el pan de cada día. Tiene temor a la represión, pero también está cansada de la corrupción y de los abusos policiales y militares, de los servicios cobrados en dólares cada vez menos «públicos». Sienten la ausencia de una dirección, pero no están dispuestos a esperar que aparezca: quieren luchar. 

Los servicios van colapsando como piezas de dominó: la escasez de gas doméstico ha obligado a muchos a cocinar con leña, pero lo que han podido han optado por cocinas eléctricas «baratas». El aumento en el uso de cocinas de este tipo, ha generado cargas adicionales en el ya afectado sistema eléctrico nacional, y eso a su vez, ha golpeado los sistemas de bombeo de agua a las comunidades.

Mientras, a la escasez de gasolina se ha sumado la de diésel, por lo que el transporte superficial (que ya era un problema por el pésimo servicio) ha venido a ser otro motivo de indignación. Igualmente amenazadas están las cosechas si los campesinos no tienen como moverlas. La situación, a medida que va empeorando, va empujando a la gente a la calle.

Se rompe la polarización

Si bien el gobierno intenta responsabilizar a la derecha por las protestas, y la derecha pretende beneficiarse de ellas, está bastante claro que las mismas resultan del cansancio e indignación del pueblo ante el colapso generalizado de los servicios públicos. 

La polarización entre chavismo y oposición (de derecha) se debilita cada día más, y en la medida en que la gente no ve como una alternativa a la corrupción y mala gestión del gobierno, la corrupción y mala gestión de la derecha. Los trabajadores no pueden identificarse con un gobierno que los ha llevado a una condición de precariedad, pero tampoco con el liderazgo de la derecha que se pelea entre seguir la línea de Washington, manteniendo un gobierno ficticio para vivir de las ayudas del extranjero, o negociar para ir a unas elecciones que le permita recomponerse internamente. El pueblo no es factor en ninguna de las ecuaciones anteriores.

Hoy, en una protesta por servicios o por derechos laborales pueden encontrarse por igual, tanto quienes votaron por la oposición como quienes siempre se identificaron con el chavismo. La crisis nos afecta a todos y en ambos sectores hay descontento. Este escenario va reconfigurando además una incipiente polarización en líneas de clase: los que sufren la crisis y los que viven rodeados de privilegios. ¡Hay que hacer que la tortilla se vuelva!

Luchas defensivas y luchas por la sobrevivencia

Entre 2018 y 2019 vivimos el auge de una serie de luchas “defensivas” protagonizadas por obreros y campesinos. Trabajadores del sector eléctrico y de las telecomunicaciones, enfermeras, de las empresas básicas de Guayana, trabajadores del sector automotriz en Carabobo, de activos y jubilados del Metro de Caracas, y otros tantos, protestaban contra la política salarial del gobierno, los despidos, el incumplimiento de las contrataciones colectivas, la aniquilación de las prestaciones sociales y la judicialización de sus luchas. Por su parte, los campesinos se movilizaron a Caracas en la Marcha Campesina Admirable, y exigieron al presidente el cese de los desalojos, justicia para los campesinos asesinados y apoyo a la pequeña producción.

Todas estas luchas tenían un carácter defensivo. Buscaban defender derechos que fueron alcanzados antes o durante el gobierno de Chávez, salarios dignos, inamovilidad laboral y tierras. Estas luchas no lograron escalar por dos razones: unas porque se ahogaron en interminables mesas de negociación con el gobierno, que finalmente no resolvió los reclamos de obreros y campesinos; otras, porque sectores de la derecha pretendieron usarlas para respaldar a Guaidó, lo que resultó en la liquidación de espacios como la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela. Esto demostró lo peligroso que pueden ser direcciones oportunistas o de derecha, pero también evidenció la debilidad de la izquierda que fue incapaz de ponerse al frente de las mismas y evitar que las iniciativas se disiparan. 

Las protestas recientes no son sólo defensivas, sino que son por la propia supervivencia. Los sectores populares que están luchando lo hacen por servicios básicos para reproducir su existencia: agua potable, luz eléctrica y gas doméstico. Si parte de la población logró sobrevivir a la crisis en 2016 y 2017 cambiando sus hábitos alimenticios, ahora es imposible buscar sustitutos para el agua, no se pueden montar microcentrales para refrigerar los alimentos e incluso la leña ya se vende sujeta al alza del dólar.

Otra diferencia con las luchas de 2018 y 2019 es la actual ausencia de una dirección que logre conectarse con los manifestantes. En el pasado, las luchas fueron protagonizadas por sindicatos y organizaciones campesinas. Ahora, únicamente la marcha de Urachice (Yaracuy) fue reivindicada por el PCV y la APR, pero incluso esta marcha fue desbordada por la gente. El diputado  por el PCV y secretario nacional de su corriente campesina, Eduardo Linares, dio cuenta de este hecho cuando señaló que: «Nosotros cuando organizamos esta marcha pensábamos salir con 200 personas, y así salimos, pero esa marcha fue aglutinando el pueblo porque el pueblo se identificaba con la marcha». Este hecho refleja que la gente está dispuesta a luchar y está buscando una dirección.

La izquierda frente a las protestas

Las luchas reivindicativas son parte importante de cualquier movimiento revolucionario. Los bolcheviques no eran reformistas, y sin embargo elevaron la consigna Pan, Paz, y Tierra, dándole expresión a las demandas populares de aquel entonces. 

Hoy, exigencias que ya se venían posicionando en las redes, como #SalarioIgualACanastaBásica o #ServíciosPúblicosDeCalidad, han salido a la calle, y es tarea de los movimientos de izquierda acompañarlos. Esto representa un reto, porque a diferencia de las luchas defensivas obreras y campesinas, que al ser organizadas contaban también con una planificación o agenda de movilizaciones, buena parte de las protestas actuales son espontáneas. 

Junto al escenario de atajar la protesta cuando se ha desbordado el descontento, está también el de organizarla. Este camino no está exento de riesgos, pero es el camino para conectar de forma organizada con la gente que quiere luchar. 

Hoy, debemos sacar las lecciones que nos dejaron las luchas defensivas de 2018 y 2019: la manifestación no debe acabar en mesas de negociación interminables, que terminan siendo el muro de contención del descontento. Pero tampoco debemos permitir que provocadores policiales o de derecha nos lleven a la violencia ciega, un terreno en el que no solamente se pierde un buen contingente de manifestantes, sino que además es ideal para los cuerpos represivos del Estado.

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