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[PANAMÁ] Como si nada hubiera pasado

Una invasión que superó todo lo esperable en su accionar, y cientos de miles de panameños marcados por el resto de sus vidas

Hoy, 20 de diciembre, se cumplen 30 años de la intervención militar estadounidense a Panamá. Aquel día de 1989 marcó uno de los tantos puntos de quiebre históricos en la estratégica nación del istmo. Su característica principal: un nivel de ferocidad sin límites, que aún hoy recrea las peores imágenes. Asimismo, no puede soslayarse el papel  vergonzante jugado en la acción por los líderes opositores de entonces, ni tampoco, igual que lo sucedido en otros episodios similares, la complicidad mediática para que un horror semejante pudiese consumarse. Adentrémonos entonces a una muy escueta cronología de los antecedentes a la invasión, para luego sí, describir la carnicería desatada y sus consecuencias inmediatas.

De “amigo” a demonio

Con la muerte del líder Omar Torrijos, el 31 de julio de 1981 en un controvertido accidente aéreo, un nuevo comandante de la Guardia Nacional, con el poder casi omnímodo que esta institución otorgaba, se hacía dueño en 1983 de los destinos de Panamá: el controvertido general Manuel Antonio Noriega, a cargo de la inteligencia local y arrastrando sobre sus espaldas una muy antigua relación con Estados Unidos: desde mediados de los años ´60 figuraba en la nomina de la CIA: recaían sobre él acusaciones de lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Lo sintomático fue el oportunismo de la Casa Blanca para sacar a luz estas acusaciones. Algo resultó evidente: Noriega, de acuerdo a las conveniencias de turno, pasó de ser un hombre “confiable” a convertirse, de la mañana a la noche, en uno de los peores monstruos a escala planetaria. La campaña mediática local e internacional llegó a tener visos de fábula. Aún se recuerdan las fotos de Noriega junto a George Bush padre, cuando este era jefe de la CIA y antes de ser el vicepresidente de Reagan. Se intentaba instalar, incluso, la idea de que el nuevo “hombre fuerte” era responsable directo en la muerte de Torrijos, algo que jamás pudo ser probado.   

Panamá comenzó a transitar, desde 1983, un estado de caótica tensión política y “micro agresiones” externas. Noriega, un militar que había estudiado en la Escuela de las Américas, debía gobernar ante una verdadera jauría de estructuras partidarias opositoras que veían, ante la nueva realidad, la posibilidad concreta de retornar al antiguo orden de cosas, a como dé lugar.  

El constante tire y afloje de amenazas punzantes entre Noriega y la Casa Blanca, y la constante injerencia de esta última en el acontecer político local, formaron parte de una estrategia de desgaste a mediano plazo. Tres fueron los pasos: un desgaste perpetuo, la paulatina generación del clima necesario y el zarpazo final. El amplio abanico opositor mantenía “línea directa” con representantes de la Casa Blanca. Un juego de pinzas. Llegaba una década de neoliberalismo en la región en buena parte del continente.

En lo institucional, comicios presidenciales y legislativos mediante, mantenían al Partido Revolucionario Democrático (PRD) a cargo de la presidencia, más allá de que, en los hechos, era la Guardia Nacional a través de Noriega y los incipientes Batallones de la Dignidad quienes controlaban el rumbo del país.

En 1984, en ocasión de la reunión del Grupo Contadora (isla panameña de Contadora), encargada de buscar una solución a la crisis política generalizada en Centroamérica, el llamado “hombre fuerte” comienza a despegarse de su viejo socio: solicita, entre otras cosas, que la Casa Blanca atenuara su presencia en la región.

Preludio

Es a partir de 1987 cuando Estados Unidos decide que debe acelerar los tiempos, que Noriega es un verdadero estorbo. Aparentemente, la negativa de éste para colaborar en la desestabilización de la Revolución Sandinista, lo mismo que la prohibición de instalar nuevas bases militares dentro del país, fueron las gotas que colmaron el vaso. Así, la Casa Blanca suspendió su ayuda financiera, congeló fondos bancarios e impuso una amplia gama de sanciones económicas con el fin de terminar de ahorcar una economía panameña ya en terapia intermedia. Sin mayores delicadezas, Reagan exigía, literalmente, la salida de Noriega del poder, de manera inmediata.  

Comenzaban a arribar a la Zona del Canal nuevos contingentes militares, tanto soldados como material bélico de todo tipo, distribuidos en las bases militares extranjeras. Una consecuencia buscada: los continuos choques entre militares de las dos naciones. Se volvieron frecuentes las incursiones de efectivos norteamericanos fuera de los límites de la Zona limítrofe, crispando al límite los ánimos. Vale recordarlo: con el comienzo del siglo XXI, merced a los tratados Torrijos-Carter de septiembre de 1977, Estados Unidos debía entregar a Panamá la supervisión del Canal, desmantelar toda su arquitectura civil y militar y retirarse. Panamá pasaba a ser el Administrador de esta conexión de océanos.   

Corridas bancarias, estado de zozobra, incertidumbre e incluso un intento de alzamiento militar contra Noriega finalmente sofocado. El agobio era moneda cotidiana. En 1988, dos tribunales estadounidenses iniciaron sendos procesos a Noriega por delitos ligados al negocio del narcotráfico. De nada sirvieron las denuncias de “agresión estadounidense” realizadas por el entonces presidente Manuel Solís Palma en la sede de la ONU.

Posludio

Dentro del país la oposición hacía su parte, conformando un amplio bloque electoral camino a los futuros comicios. Sectores altos y medios de la sociedad, agrupaciones de derecha, parcelas estratégicas de la industria y el comercio, altas autoridades de la Iglesia Católica, ciertos sectores sindicales, lo más rancio del poder económico y casi la totalidad el abanico empresarial conformaban este gran espectro con visos de cruzada moralizadora.

Más de 10 millones de dólares fueron aportados por instituciones norteamericanas para la campaña electoral opositora. Las cartas estaban echadas para Noriega, pese a contar con cierto nivel de tolerancia entre varios sectores de la población, sobre todo de los más postergados. En esta atmósfera irrespirable, tomaba consistencia el peso enorme de la ausencia de Torrijos. Y también el modo de su final en esta vida.

Con George Bush padre como nuevo inquilino de la Casa Blanca, en mayo de 1989 se llevan a cabo las elecciones destinadas a elegir al sucesor Solís Palma. Los dos principales candidatos: Carlos Duque Jaén, representante de la oficialista Coalición de Liberación Nacional, y Guillermo Endara, líder de la Alianza Democrática de Oposición Civilista. 

Semanas antes de los comicios, el influyente Washington Post ponía al desnudo la estrategia de la Casa Blanca: bajo ningún motivo aceptaría una victoria oficialista. Según la publicación, un fracaso electoral de la oposición llevaría al gobierno estadounidense a declarar nulos los comicios por manipulación, dejando abierta la posibilidad para la intervención. En verdad, esta encrucijada era un secreto a voces. Gobierno estadounidense y  oposición denunciaban “fraude electoral” antes de que se introduje el primer voto en las urnas. No era un acto comicial. Una sola opción era posible: la victoria opositora. Como fuese, Noriega debía salirse de escena. Lo peor se avecinaba: mientras los panameños ejercían su voto, continuaban arribando a la Zona del Canal nuevos contingentes militares y pertrechos bélicos con el medieval pretexto de “proteger la vida de los ciudadanos estadounidenses” en el país. No parecía existir un clima para el desarrollo de unas elecciones presidenciales medianamente normales.

Concluyendo: tres días después de los comicios, el Tribunal Electoral anuló los mismos alegando, entre otras causas, “la falta de actas y otros documentos que hacen absolutamente imposible la proclamación de cualquiera de los candidatos”. Los contactos entre oficialismo y oposición fracasan. Un nuevo levantamiento militar es abortado por las Fuerzas de Defensa. “La intervención estadounidense (en Panamá) sólo está en el miedo de Noriega, el cual usa esas invenciones e imaginaciones para mantenerse en el poder (…) Si se da la invasión, estaría rotundamente en contra de la misma”, llegó a decir Endara antes que se desatara la catástrofe.  

El infierno

Aproximadamente las 2a.m del 20 de diciembre. Alrededor de 25 mil efectivos estadounidenses, apoyados por decenas de helicópteros y aviones, tanquetas y blindados, se abalanzaba sobre Panamá, un territorio que apenas sobrepasa los 77 mil kilómetros cuadrados. Si bien, todo estaba dentro de los cálculos, pocos llegaron a imaginar los niveles de ferocidad lanzados contra una población que no estaba preparada ni contaba con mecanismos eficaces mínimos de protección civil.

La invasión, denominada “Just Causa” (“Causa Justa”), se constituyó en la mayor operación militar norteamericana luego de la Guerra de Vietnam, el punto culminante de la intromisión en la vida política y social panameñas desde siempre, desde el principio de los tiempos. Seis años antes, a través de la operación bautizada “Urgent Fury” (“Furia Urgente”), la isla caribeña de Granada, de apenas 344 kilómetros cuadrados, también había sido presa del aluvión militar extranjero. Parte de efectivos y armamento acantonado en la Zona del Canal, sirvieron como plataforma de ataque hacia la inerme población granadina.    

La sociedad panameña concluyó siendo el conejillo de indias de una serie de armamentos desconocidos hasta ese momento en el “arte de la guerra”, como el avión  F-117ª Stealth, los helicópteros de ataque Apache, los nuevos jepp HMMW, lo último en chalecos y cascos antibalas y hasta un nuevo tipo de ración de alimentos semisecos. Quince mil integrantes de las Fuerzas de Defensa y unos 10 mil milicianos de los Batallones de la Dignidad, mal equipados y desorganizados, se vieron totalmente desbordados por la alta tecnología militar extranjera, la misma que se utilizaría al año siguiente en la primera invasión a Irak.

El sociólogo panameño Raúl Leis (1947-2011), en su ensayo titulado “Diez ideas sobre el Panamá de hoy”, describía por esos días:  

“Los modernos aviones de Estados Unidos bombardearon en forma intensa, evitando al máximo el enfrentamiento de la infantería para evitar un amplio número de bajas. Como prueba de esto, la Estación Sismológica de la Universidad de Panamá registró a partir de las 12 horas, 46 minutos y 40,3 segundos del 20 de diciembre un total de 422 explosiones en el perímetro de la ciudad capital, hasta que 13 horas después el sismógrafo dejó de funcionar. Esto promedia una bomba cada dos minutos en los límites de la capital, sin contar las que fueron lanzadas en Colón y en el interior”.

Los embates continuaron todo el día 20, hasta destruir el Cuartel Central de las Fuerzas de Defensa y dominar los principales centros de resistencia. Las localidades de El Chorrillo y San Miguelito, lugares donde se aglutinan populosas barriadas, sufrieron los principales embates de la aviación. Los focos de resistencia fueron siendo dominados en forma paulatina, mientras en las calles los soldados extranjeros se hacían dueños absolutos de la situación, en lo militar y en lo anímico.

Son espeluznantes las escenas durante la madrugada: familias enteras corriendo en las sombras de un lado a otro, buscando dónde refugiarse, cargando niños que gritaban en estado de pánico, todo en medio de un coro enloquecido de ladridos de perros. Tierra arrasada.   

Las denuncias de los desmanes desplegados sobre la población civil desarmada son infinitas. Varios testigos pudieron comprobar azorados cómo algunos heridos eran rematados con disparos en la nuca, para luego sus cuerpos ser quemados entre los escombros con la utilización de lanzallamas. En las afueras de la capital, efectivos de las fuerzas invasoras cavaban fosas y arrojaban en su interior cadáveres de civiles y militares panameños. 

Resultan ilustrativos algunos testimonios de médicos y enfermeras de varios centros hospitalarios, quienes durante la noche de la invasión y en días posteriores se convirtieron en depositarios del espanto. Un documento de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica (CODEHUCA), dio cuenta de algunas de estas denuncias. Un médico del hospital capitalino Santo Tomás relataba:

“Nos tocó ver cadáveres de civiles, cadáveres que venían con heridas de bala en el cuerpo (…) Y algunos de ellos, en forma realmente impresionante, venían con golpes. Yo no sé con qué sería, pero con las cabezas destrozadas, no con armas de fuego, sino evidentemente con un cuerpo duro, tal vez con una piedra o una madera. Un colega me contó cómo en El Chorrillo había heridos que estaban tirados en las calles. Vio que estaban tratando de moverse para acercarse a las ambulancias y que fueron golpeados en las cabezas con la culata de las armas de los norteamericanos (…) La sensación que nosotros tuvimos fue que eran heridos que fueron ultimados con esos golpes (…) También vi llegar algunos cadáveres que tenían heridas muy fuertes en los testículos. Venían con otras heridas, pero también con los testículos completamente destrozados, destrozados el pantalón y las ropas”.

Lo vivido por los profesionales de la salud en los centros hospitalarios, dado el sitio estratégico en que desempeñaban sus tareas, es un capítulo aparte del horror vivido. Aquellas personas que conducían las ambulancias describen escenas dantescas. Un testimonio:  

“El 23 a la noche llegaron las tropas norteamericanas que hicieron un recorrido por el hospital. Pidieron ir a la morgue. Allí empezaron a mover los cadáveres con los pies. Gritaban y decían cosas en inglés, muy fuerte. Estaban apurados, nerviosos, y un soldado norteamericano enterró la punta de su bayoneta en dos cadáveres. Pensaron que había algún panameño vivo”.

Existieron focos de resistencia en distintos puntos de las ciudades más afectadas, tanto de las Fuerzas de Defensa como de los integrantes de los Batallones de la Dignidad, sobre todo de estos últimos, integrados por muchos jóvenes casi sin preparación militar, que se atrincheraban en terrazas y recovecos de calles con sus ametralladoras. Un helicóptero y varios tanques estadounidenses fueron averiados. Son muchos los testimonios de mujeres y hombres que, con entrega total, recurrían a puestos militares para tomar un arma y entregar sus vidas. También, efectivos de la llamada Compañía “Macho de Monte” dieron batalla en varios barrios capitalinos.

Con la infantería invasora en las calles, se disparaba hacia todo lo que se movía. Se quemaban una tras otra las precarias viviendas, mientras varios edificios eran blancos de la artillería y algunos de ellos incendiados. Resulta evidente la utilización de una tecnología bélica jamás imaginada.

De allí varios reportes de la utilización de proyectiles dirigidos por rayos láser: gran cantidad de combatientes panameños quedaban literalmente fundidos, incinerados, al ser rozados por los rayos. Sólo así se explica la gran cantidad de automóviles particulares partidos por la mitad, como simples juguetes, con sus ocupantes destrozados. Las calles de los principales barrios capitalinos se habían convertido en un verdadero lodazal de muertos esparcidos en el asfalto y las veredas, siendo muchos de estos cadáveres aplastados por los tanques ante las miradas de pavor. 

Civiles desarmados sacados de sus casas y ejecutados en las calle. Grupos desesperados de personas que intentaban huir de la balacera en sus coches, algunos portando banderas blancas, siendo interceptadas en retenes, obligadas a bajar de sus vehículos y a tirarse al suelo para luego, en varios casos, ser rematadas por la espalda. Cuerpos de militares y civiles despellejados por especies de “rambos”.   

Tanto el mismo día de la invasión como en jornadas posteriores, las autoridades militares extranjeras llevaron a cabo infinidad de arrestos. Estos se producían luego de violentos allanamientos en casas particulares o bien en la vía pública. Unas cinco mil personas fueron originariamente ubicadas en campos de detención. Y existen denuncias de varios testigos respecto a prisioneros que, de un día para el otro, eran arrancados de dichos centros para luego ser ajusticiados, sin los más mínimos derechos de ensayar una defensa.

Con el correr de los días, apagados los últimos focos de resistencia, daba comienzo una despiadada cacería de brujas por barrios, pueblos y ciudades. Sucede que 24 horas después de iniciada la intervención militar, con la velocidad del rayo, el ex candidato opositor Endara juró como presidente de Panamá, sin demasiado decoro, dentro de la base militar extranjera de Fort Clayton. Así, las nuevas autoridades participaron activamente en señalar a funcionarios o simples simpatizantes de Noriega, incluso en sus lugares de trabajo, desatándose el vendaval de allanamientos. Los diarios panameños de aquellos días eran literales portavoces de esta carnicería a domicilio, publicando rostros junto a una leyenda sepulcral: “buscados”. 

El entonces diputado argentino del Partido Justicialista, Héctor Alfredo Basualdo, denunciaba por esos días:

“(En Panamá) existe un campo de concentración en el cual se aglomeran miles de prisioneros, civiles y militares, mantenidos a la intemperie, cercados con alambres de púas, sin lugar donde resguardarse y sin destino cierto ni asistencia médica ni control por parte de ningún organismo internacional”.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que confirmó la existencia de este campo, los lugares de detención fueron desmantelados dos meses después de producida la intervención, siendo los detenidos posteriormente liberados tras ser fichados o bien trasladados a unidades carcelarias.

Entre tanto, el general Noriega, luego de permanecer por varios días en el anonimato, se refugió en la sede de la Nunciatura Apostólica panameña. Las fuerzas militares invasoras formaron un impresionante cordón militar alrededor del edificio. Los días se sucedían y Noriega no daba visos de salida. Se desplegó entonces una táctica psicológica: durante tres días unos auto-parlantes ensordecieron la zona con música Heavy metal

Recién el 3 de enero de 1990, casi dos semanas después de iniciada la invasión, el general Noriega decidió entregarse para ser juzgado en Estados Unidos por presuntas conexiones con el tráfico de drogas. De esta forma, Noriega pasó a ser el prisionero 41.586-004 en una prisión de Miami, en territorio extranjero. Luego, en un juicio que se extendió por siete meses, un jurado lo declaró culpable de ocho de las diez acusaciones que se le imputaban por narcotráfico y extorsión, condenándolo a 40 años de prisión.

Jundacadáveres

Transcurridas las primeras semanas, se fue tomando noción de la magnitud de la tragedia, todo ante un estado de represión indiscriminada avalado por parte de las nuevas autoridades, ayer víctimas de un supuesto monstruo, Noriega, y ahora convertidas en verdaderos césares, subiendo o bajando sus pulgares. Hubo momentos de tensión extrema ante los saqueos a comercios y edificios públicos, hechos que provocaron nuevos heridos y muertos. Se calcula en 20 mil el número de personas desplazadas, sobre todo del barrio El Chorrillo, prácticamente devastado. Los principales foros internacionales condenaron la intervención militar: un mero hecho formal.  

¿Cuál es la verdadera cifra de muertos que produjo la invasión estadounidense? Esta es una de las tantas preguntas que aún por estos días son materia de polémica. Dada la magnitud de lo relatado, algunas cifras asombran. El Ministerio Público de Panamá, basándose en investigaciones hechas por el Instituto de Medicina Legal, habla de 373 muertos, mientras el Comité de Derechos Humanos local estira la cifra a 556. El Comando Sur estadounidense da un total de 212 civiles y 314 militares muertos, mientras autoridades eclesiásticas hablan de 300 fallecidos.

Muy lejos de estas cifras, organizaciones médicas que estiman en 1.500 los muertos, mientras otras agrupaciones establecen un cálculo que, a la luz de la sangría, parecen más sensatos: la invasión militar extranjera costó la vida de entre 3 y 4,5 mil personas, muertas y/o desaparecidas.

La cifra tiene su justificación: luego de la invasión fue escandalosa la manipulación político-mediática – dentro y fuera de Panamá – por minimizar al extremo los efectos del desastre, tanto en las muertes concretas como en la destrucción barrios completos y en los inevitables efectos psicológicos que la intervención tuvo entre la población. Por su parte, las fuerzas invasoras informaron de 23 soldados estadounidenses fallecidos.  

Por aquellos días la CODEHUCA aclaraba:

“Hasta el momento la cifra de personas desaparecidas es indeterminada. Hay testimonios que dan cuenta de cadáveres que fueron incinerados y tirados al mar; otros fueron enterrados sumariamente sin que se tomaran las medidas necesarias para su identificación. Asimismo, los registros del ingreso de pacientes a los hospitales desaparecieron. Se trata de una situación con características distintas de otros países de Centroamérica, en tanto la desaparición no ha sido práctica sistemática por un período prolongado. Pareciera que las desapariciones en este caso formaron parte de un esfuerzo por minimizar los costos humanos y sociales de la invasión, lo que se vería confirmado por el silencio de los grandes medios de comunicación frente al tema”.

Organizaciones humanitarias han realizado numerosas exhumaciones. Varias fosas escondían, en bolsas negras, los cuerpos de mujeres embarazadas, niños y jóvenes, muchos de ellos con las manos amarradas. Algunas de estas bolsas guardaban solamente el polvo de los cuerpos. Un ejemplo: en el cementerio de Monte Esperanza, en la ciudad de Colón, se descubrió una fosa común con 15 cadáveres. Entre los cuerpos, se encontraba el de un niño de seis años.

El Comité de Familiares de los Caídos y Asesinados el 20 de Diciembre debió luchar contra mil trabas burocráticas para correr el velo de la evidencia macabra. Se identificaron los cadáveres de 40 militares y 83 civiles en el cementerio Jardín de Paz de la capital, y se tuvo constancia de otras fosas clandestinas en varias localidades, entre ellas en El Chorrillo, Tucumen, Tinajitas, San Miguelito, Victoriano Lorenzo, Chilibre, Monte Esperanza, Corozal y Río Hato.

El desdén

La pesadilla se había consumado. La acción militar, también, dejaba más que nunca al desnudo las eternas diferencias en la sociedad. Fue demasiado evidente: aún con el olor nauseabundo de la muerte merodeando las calles, ciertos sectores de la sociedad no hicieron demasiados esfuerzos por ocultar su satisfacción, no por la masacre, se entiende, pero sí por un ciclo que, inevitablemente, concluía. Una especie de alivio demasiado costoso, demencial.

Lo que vino luego de la invasión, ya entrados en los primeros de los ´90, fue un sin fin de sensaciones encontradas.

Por un lado, el impacto profundo de imágenes desgarradoras, confusas, de la búsqueda tenaz de muertos entre escombros y bajo tierra, del intento por reconocer cuerpos incinerados; bolsones de comunidades viviendo a la deriva ante la destrucción de sus casas, preguntas desesperadas, relatos pavorosos y una lucha incesante contra todas las trabas burocráticas posibles venidas desde el Estado para manipular el horror. 

Por otro, la constatación clara, palpable, de que el acontecer político panameño volvía a estar regido – con su lógica reformulación a los nuevos tiempos – por aquellas “antiguas” estructuras que antes de 1968, con la fuerte presencia de Torrijos, habían convertido al país en una obscena rapiña entre un puñado de castas y familias dueñas de casi todo.

Por eso no fue extrañó contemplar aquel safari mortal contra seres y bienes durante y después de la intervención militar extranjera, acciones incentivadas de manera enfermiza desde el Poder Ejecutivo. Se instaló una verdadera caza de brujas contra supuestos o reales simpatizantes “norieguistas”, en lugares de trabajo, universidades, en las casas. Esto se dio pese a que fue bastante notorio, con el paso del tiempo, que muy pocos panameños añoraban la figura de Noriega, fallecido en 2017. 

La ausencia de estas nostalgias, no impiden la observación del pasado en perspectiva, o sea: la polémica historia de Noriega no pueden ocultar, como ya se ha explicado, el lento entramado de un escenario irrespirable que se fue instalando en el país antes de la invasión, auspiciado desde dentro y fuera. Fue un largo proceso de deterioro que se fue macerando, fundamentalmente, a partir de la ausencia de Torrijos. 

Como llegó a expresar un abogado local durante aquellos días: “(los norteamericanos) se llevaron a Alí baba y dejaron a los cuarenta ladrones”. Así el desdén se trocó en desprecio, calando esto en las emociones de la sociedad. Como bien dijo el sociólogo Leis a quien esto escribe, en una entrevista telefónica, en el país debe hablarse de una “Generación del 20 de Diciembre”. Los efectos psicológicos de la invasión, sobre todo en niños y adolescentes, perduran hasta estos días. Ya bien entrado el nuevo siglo, la deshumanización en relación a esta tragedia, no se ha modificado sustancialmente. 

Por Sergio Gorostiaga, periodista

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