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[CONSULTA PÚBLICA] Una doctrina de Servicios a Prueba de Crisis

El espacio de “Memoria Libre” de nuestro amigo Jácinto Dávila, en esta ocasión busca hacer consulta pública acerca del tema de servicios, invitadxs a participar:

Esta es una propuesta para un ejercicio legislativo o constituyente que regule la prestación de servicios públicos de cualquier tipo y proteja el bienestar de usuarios y usuarias.

Decimos servicios para referirnos a cualquier actividad humana que atiende o satisface necesidades. Es una definición amplia que permite abarcar los habituales servicios públicos: electricidad, agua, energía e información, pero que incluye a cualquier variante y a nuevos sistemas de procesos por medio de los cuales usuarios y usuarias sean atendidos y resuelvan sus necesidades.

La República Bolivariana de Venezuela sufre una crisis de compleja naturaleza, pero que afecta en particular a sus servicios públicos. La crisis es evidente para cualquiera que se fije en la proliferación y recurrencia de las colas para satisfacer necesidades cotidianas. Pero no se trata de un fenómeno superficial o de alteraciones ocasionales, sino que revela un mucho más profundo problema económico, social y político. El Estado-Nación, en sí mismo el compendio de todos los servicios que se ofrecen al pueblo por el mismo pueblo, ha sido puesto en contra de sí mismo. El maltrato y la desidia en estos servicios es efecto fundamental de la guerra entre la Revolución Bolivariana y las fuerzas de la Derecha que buscan derrocarla con apoyo extranjero.

El mismísimo proceso de deslegitimación del Gobierno de Nicolás Maduro ha tenido su origen en la narrativa de instituciones públicas universitarias que, amparándose en la autonomía política que les otorga la constitución, han asumido conductas supraconstitucionales para desconocer el proceso constituyente y, excediendo sus atribuciones de ley, declarar írrita a la Asamblea Nacional Constituyente y a todos los procesos electorales que han sido convocados desde su instauración, apenas sobre alegatos difusos de fraude. Esa narrativa ha terminando sirviendo de base para toda la retórica intervencionista del Gobierno de los Estados Unidos, que pretende desplazar al Gobierno de Maduro por la fuerza.

Que el servicio público responda a un interés extranjero revela una falla monumental de nuestro sistema legal nacional. Falla que podría, en este caso, desembocar en un conflicto militar abierto y en la imposición de un régimen colonial.

Acá nos conciernen, sin embargo, los efectos que esta falla genera en el funcionamiento cotidiano de los servicios, con el sufrimiento magnificado por el maltrato recurrente en medio de la crisis. Nos hemos preguntado qué clase de doctrina legal podría impedir que los propios prestadores de servicios, públicos y privados, se plieguen al interés destructor y caotizante que procura sus propios objetivos políticos sin atender para nada a los daños que causa en la población.

¿Será posible convocar a una serie de principios de sentido común que hagan del Pueblo un aliado de sí mismo en medio de la crisis, en lugar de seguir actuando como instrumento de su propia tortura?  Nuestras indagaciones nos han convencido de que es posible, incluso antes de resolver las causas primarias de las dificultades y creando condiciones para que el poder popular intervenga efectivamente en su solución.

Por ejemplo, ¿podemos organizarnos mejor para enfrentar la crisis? ¿Habrá pautas para la mejor “autoorganización” de las colas que las y los ciudadanos deben sufrir diariamente? ¿Habrá principios que potencien al poder popular para comenzar a resolver los problemas antes que magnificarlos con el caos y la desesperación?

Apuntamos acá a la doctrina legal necesaria para promover y apoyar soluciones prácticas. Ya hay precedentes importantes, como la ley de Infogobierno, promulgada en 2015, que prescribe los trámites electrónicos en todo nivel de la administración pública nacional. Ley que aún no cuenta con un reglamento para hacerla efectiva, otra muestra de cómo la complejidad del Estado sirve para anularlo e inmovilizarlo.

Por fortuna, algunos de los principios a los que nos referirmos se pueden enunciar con relativa facilidad:

Artículo 1: El proveedor o proveedora de un servicio, público o privado, es el responsable de organizar las colas de usuarios y usuarias para acceder a su servicio. Ese proveedor o proveedora también es responsable por el bienestar de esos usuarios y usuarias mientras permanecen en la colas para ese servicio.

Artículo 2: Las colas deben ser entendidas como un efecto de causa mayor y excepcional. Los servicios con colas recurrentes a lo largo de días o semanas deben ser suspendidos y sometidos a reorganización.

Artículo 3: Todos los servicios deben prever planes de contigencia ante la aparición de las colas. Los proveedores deben suministrar información oportuna, veraz y regular a los usuarios y usuarias sobre las causas, el progreso y el tiempo que estiman sufrirán los usuarios y usuarias en cada cola.

Artículo 4: La soberanía tiene una expresión práctica en los servicios. Todo servicio debe anticipar los procesos de recuperación ante fallas y comprometerse a unos tiempos de espera razonables, así como al mantenimiento y restauración de sus procesos con mínima dependencia extranjera.

Artículo 5: La transparencia es el principio esencial de funcionamiento de un servicio público. Los usuarios y usuarias tienen derecho a servicios expeditos, abiertos, bien documentados y bien presentados al público por todos los medios posibles. Se prohiben los cambios de tarifas en los servicios públicos sin consulta pública y sin notificación previa adecuada.

Artículo 6: Se conformarán superintendencias de servicios en cada comuna (o, en su defecto, ciudad) del país con la participación de todos los vecinos y las vecinas en el registro electoral y con superintendentes y voceros o voceras de servicios electos por consulta popular. Estas superintendencias del poder popular tendrán autoridad para suspender servicios mientras se procesan quejas sustanciadas y se realizan investigaciones.

He allí una muestra sucinta de una serie de principios o pautas de acción que podrían transformar los modos y maneras como se prestan servicios en todo el país, empoderando a usuarios y usuarias y asignando las responsabilidades apropiadas para que el sistema de servicios se autoregule y sostenga, aún en medio de esta u otras crisis. Una nueva doctrina legal del servicio, como la que se sugiere, bien puede significar la aparición de mecanismos y estrategias colectivas para que el pueblo salve al pueblo.

¿Será posible?

Si Ud quiere comentar a favor o en contra de esta propuesta, por favor, use los espacios a continuación con toda libertad. Gracias.

Imagen tomada de: https://www.thephuketnews.com/fighting-venezuela-stress-crisis-59912.php#uouKvQ2QGHYZOxec.97


Sobre el autor

Comentarios (5)

  1. Buen Día! En una primera lectura, comento:
    “…Principios de sentido común..” Creí que allí esta parte del meollo, el sentido común, el que hace que las cosas parezcan “natural”, inmutables, lógicas, a veces ocultan las raíces o causas del problema. Se trata de subjetividad es que se comparten colectivamente, se cristalizan haciéndose objetivas, luego se socializan, internalizan y como resultado reproducen y refuerzan formas de percibir, razonamientos, prácticas.
    La ley por mejores principios que tenga no cambiara este sentido común, que se encarno en la sociedad, en sus instituciones, formal o informal.
    Creo que lo primero seria libéranos de las amarras de estos sentidos comunes, dat paso a nuevos, cosbtruofos socialmente a partir de esta problematizacion y toma de conciencia. Algo de esto ha dicho últimamente Alvato García Linera.
    De hacerlo así no habrá ley que pueda con estos sentidos comunes.

    • Jacinto Davila

      Gracias Alvin. Justamente se trata de proponer un sentido común a través de las leyes. Al no haber doctrina explícita, lo que impera ahora en cuanto a servicios es sálvese quien pueda. Los proveedores de servicios, por ejemplo, le dejan ese problema de las colas a la “autorganización” que en muchos casos es imposible de lograr para atender una emergencia a tiempo, como ocurre ahora. Creo que ya superamos esa fase de problematización. Todos sabemos cuál es el problema (las colas, por ejemplo). ¿cómo lo resolvemos?.

  2. Jacinto Davila

    Si tienen algún problema al enviar sus comentarios, déjennos saber. También estamos en twitter @jacintodavila @tatuytv – Muchas Gracias.

  3. Pudieran funcionar si en nosotros mismos privará la honestidad por encima de “la lista” de los guardias y de los bachaqueros
    Si hubiese servicios funcionando más allá de lo mínimo
    El optimismo en necesario, es parte del hacer!
    : Pero Es fuerte que tu gente pase tres días productivos de trabajo en una cola sin salida, para poder IR a trabajar, más rudo ver a gente acampar y beber y festejar en esa misma cola como una diversión más

    • Jacinto Davila

      No es imposible organizarnos contra la deshonestidad. Lo hemos hecho en este mismo país de muchas maneras. Y es indispensable si quieremos lograr que los deshonestos sufran las consecuencias de sus malas acciones. Respecto a lo otro, es mucho más saludable esperar de buen humor. Claro que no tiene nada de saludable beber en la calle y mientras se conduce un vehículo. Eso también es una mala acción.
      Si los prestadores de servicios fuesen responsables ante la ley por el bienestar de sus clientes o usuarios, esas malas acciones serían raras.

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