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[OPINIÓN] De la nacionalización a la privatización

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Durante el gobierno de Hugo Chávez, se dieron en Venezuela importantes nacionalizaciones en diversos sectores de la economía. Varias de las empresas que fueron sujetas a este proceso, habían sido previamente privatizadas por los gobiernos neoliberales de Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera. Actualmente, el gobierno de Nicolás Maduro lleva adelante nuevos procesos de liberalización de la economía y privatizaciones, que más se parecen a las políticas de los años noventa que a las de los gobiernos de Chávez (1999-2012).

«Empresa parada, empresa tomada»

La participación protagónica de FEDECAMARAS, tanto en el golpe de Estado de 2002 como en el paro patronal de 2003, tensó las ya delicadas relaciones de los empresarios con Chávez. A su vez, estos hechos radicalizaron a las masas y específicamente a los trabajadores, quienes en algunos casos llegaron a ocupar fábricas en oposición al paro.

Bajo la consigna «empresa parada, empresa tomada», en el año 2003 los trabajadores de VENEPAL y la Constructora Nacional de Válvulas ocuparon sus respectivas fábricas y exigieron que el gobierno las expropiara. Así, el 19 de enero de 2005 se publicó en Gaceta Oficial la adquisición forzosa de los bienes de VENEPAL (G.O. 38.110), y el 27 de abril del mismo año la de la Constructora Nacional de Válvulas (G.O. 38.174), constituyéndose INVEPAL e Inveval respectivamente, y dándose inicio a una época signada por las nacionalizaciones y la lucha por el control obrero.

Pocos procesos de nacionalización estuvieron exentos de luchas. En el caso de la Siderúrgica del Orinoco (SIDOR), la lucha comenzó cuando el grupo argentino Techint (principal accionista de la empresa) se negó a realizar concesiones a los trabajadores en las discusiones de la contratación colectiva. Entonces, los trabajadores elevaron la bandera de la nacionalización y comenzaron un proceso de huelgas escalonadas.

La nacionalización de SIDOR (2008) atravesó distintas etapas. En primer lugar, el ejecutivo recibió diferentes presiones por parte del gobierno argentino, por lo que intentó llegar a un acuerdo con la empresa. Luego, el ministerio del trabajo intentó arbitrar entre los trabajadores y la empresa para buscar una solución al conflicto laboral, algo en lo que no tuvo éxito. Por último, la Guardia Nacional llegó a emplear acciones de fuerza para intentar derrotar las huelgas de los trabajadores, quienes resistieron a la represión, hasta que finalmente se logró la nacionalización.

Nacionalización de sectores estratégicos

Antes de SIDOR, el gobierno ya había nacionalizado otras empresas de carácter estratégico. En febrero de 2007, el ejecutivo compró el 82,14% de las acciones de la Electricidad de Caracas por 739 millones de dólares y la totalidad de las acciones del Sistema Eléctrico del Estado Nueva Esparta (SENECA) por 105,5 millones, ambas de capital norteamericano. Luego, en mayo, el gobierno declararía la renacionalización de la empresa de telecomunicaciones CANTV tras adquirir en la bolsa de valores 79,62% de las acciones de la compañía por un monto de 1.300 millones de dólares, elevando su capital accionario a 86,21%.

El sector petrolero, siempre visto como prioritario, también fue sujeto de nacionalizaciones durante el gobierno de Chávez. En 2007, el presidente firmó el decreto 5.200, por el cual se establecía como mínimo el 60% de participación del Estado en las empresas mixtas de la Faja Petrolífera del Orinoco. A partir de allí, se nacionalizaron también empresas de servicios vinculadas a las actividades petroleras en todo el país, pasando sus trabajadores a la nómina de PDVSA, quedando la empresa estatal encargada de todas las operaciones en los campos petroleros.

Otra área estratégica en la que se realizaron nacionalizaciones fue la banca, con la compra del Banco de Venezuela (2009) por un monto de 1.050 millones de dólares al Banco Santander de capital español. Esta operación, a la que se sumaron otras nacionalizaciones y fusiones de bancos más pequeños, le permitiría al gobierno crear una gran banca pública.

Nacionalización de monopolios

Las nacionalizaciones sirvieron también para enfrentar a los monopolios y cárteles de producción y (principalmente) distribución de alimentos, quienes por su posición en el mercado tenían la posibilidad de fijar precios o desaparecer los productos de los anaqueles.

En 2008 el gobierno nacionalizó Lácteos los Andes, empresa implicada en el desabastecimiento programado de productos lácteos. El cambio a manos del Estado implicó además la creación de nuevas líneas de producción que trabajaron con frutas e insumos propios del país, elaborando jugos de guayaba, mango, o papelón con limón, en vez de los típicos pera y manzana que dependían de la importación de la materia prima.

Café Madrid y Fama de América, que controlaban más de 70% del mercado de producción, distribución y comercialización de café, fueron nacionalizadas un año más tarde. La primera a través de la compra de la mayoría de acciones por parte del ejecutivo y la segunda a través de un decreto de expropiación. Lo mismo ocurrió con varias centrales azucareras.

Pero el procesamiento de alimentos no era el único problema, aguas arriba estaba la producción agrícola y aguas abajo estaba el problema de la distribución, ambos controlados también por oligopolios. Por esta razón, Chávez ordenó la expropiación de la cadena de supermercados Éxito en 2010, y poco después aceptaría la propuesta del grupo Casino de origen francés para comprar el 80% de las acciones de la empresa Cativen, dueña de Éxito y supermercados CADA. Esto le permitiría al Estado crear la red de abastos Bicentenario, que junto a PDVAL y MERCAL crearon una gran cadena de distribución de alimentos. También en 2010 se nacionalizó la empresa Agroisleña, principal distribuidora de productos para el campo (semillas, fertilizantes, etc.), con el fin de ofrecer a los campesinos condiciones más favorables para la producción.

Balance del proceso

Hacer un balance de todo el proceso de nacionalizaciones es una tarea compleja, sobre todo porque no fue un proceso uniforme. Sin embargo, hay varios aspectos que habría que resaltar: el primero, y más importante, es que fue un proceso impulsado por los trabajadores. En segundo lugar, que el proceso se dio en los márgenes del capitalismo venezolano, y que lejos de lo que señalan los detractores de Chávez, significó en muchos casos jugosas ganancias para los capitalistas.

En el caso del Banco de Venezuela, por ejemplo, el ejecutivo pagó 1.050 millones de dólares al grupo Santander, que en 1996 había comprado el banco por 300 millones, y que sólo en el año 2007 obtuvo 325,3 millones en ganancias. Hubo otros casos en que el gobierno nacionalizó empresas con maquinarias obsoletas o al borde de la obsolescencia debido a la falta de inversiones del sector privado en capital fijo. Todo esto sugiere que en más de una oportunidad los equipos de negociación del ejecutivo resultaron ser tontos útiles al servicio del capital extranjero, o ávidos procuradores de coimas para sus bolsillos.

Cambio de paradigma

A comienzos de octubre de 2020, Vladimir Villegas le preguntó a Elías Jaua «¿en qué sigue Maduro el legado de Chávez y en qué no lo sigue?». Jaua, quien no solo fue ministro durante los gobiernos de Chávez, sino que también con Maduro, señaló que, entre otras cosas, el gobierno actual se diferenciaba del de Chávez por su concepción de la propiedad nacional. Para Jaua:

«Otro tema central donde comienza a haber una diferenciación es sobre el tema de la propiedad nacional, de la propiedad pública. Creo que en el gobierno del presidente Maduro hay una tendencia a priorizar lo privado en el ejercicio de los medios de producción, incluso aquellos que son de propiedad estatal, mientras Chávez fue un defensor absoluto de la propiedad pública, de la propiedad nacional. Y sin desconocer al sector privado, pero priorizó por la defensa y expansión de la propiedad pública o la propiedad social, cooperativa, comunal, familiar, etcétera, y el gobierno del presidente Nicolás Maduro está orientado más al fortalecimiento del sector privado».

Más adelante, señaló que existe actualmente una «orientación hacia la transferencia de activos de la nación, por una o por otra vía, al sector privado».

«Por una u otra vía»

Llevar a cabo este «golpe de timón» hacia las privatizaciones no le ha resultado tan fácil al gobierno, que probablemente habría querido avanzar más rápido. El principal obstáculo es el marco legal vigente, construido a finales de los años 90 precisamente para hacer frente a las privatizaciones. El gobierno tuvo que buscar entonces cualquier resquicio legal para actuar, y cuando no lo encontró, usó a la «plenipotenciaria» Asamblea Nacional Constituyente para abrir un boquete a la constitución.

Uno de estos resquicios legales ha sido la «Ley de Nuevas Formas Asociativas» (2012), en la que se contempla la figura de «Alianzas Estratégicas» como un acuerdo «entre una empresa privada o comunitaria y el Estado nacional a efectos de compartir procesos productivos, bien sea en una misma actividad o en encadenamientos asociados», pero que el gobierno ha interpretado como entregar el control y administración de empresas públicas al sector privado.

El portal de investigación La Tabla, a través de su cuenta Twitter (@latablablog), ha venido compartiendo información sobre algunos de estos procesos de privatizaciones por la vía de «alianzas estratégicas». El 28 de noviembre de 2020, reportó:

#JustForTheRecord Estas son algunas compañías propiedad del Estado sometidas a procesos de transferencia al sector privado, según datos obtenidos esta semana.

  • Agropatria a compañía Grupo #Agrollano 2910
  • Lácteos Los Andes a una compañía origen iraní (por detalle)
  • Central Azucarero Pío Tamayo, municipio Morán, Lara Consorcio #VEINCA.
  • Central Azucarero Río Guanare, a compañía #Aliceole
  • Teleférico Waraira Repano a #Operadora1956 del Hotel Humboldt

Otras empresas sometidas a proceso similares fueron La Planta de Alimentos Balanceados y Concentrados de Turén, que pasó a manos de Agroinlaca en 2015; el Complejo Porcino Barinas, entregada al Grupo JHS en 2017; Abastos Bicentenario, entregada a Salva Foods en 2018; y Arroz del Alba, cedida también a Agroinlaca en 2019.

La creación de empresas mixtas, a partir de la fusión de capital extranjero con empresas ya existentes del Estado, o el cambio de la composición accionaria de empresas de este tipo también ha sido un método empleado para la privatización.

En el caso de las alianzas con China, destacan entre los últimos acuerdos la conversión la Ferrominera del Orinoco en una empresa mixta; la ampliación la participación de capital chino en 9,9% de las acciones de Petrosinovensa (empresa mixta petrolera) elevándose a 49,9%; convenios en materia de extracción de gas con la Corporación Nacional de Explotación del Gas de China (CNODC), de extracción aurífera con el Yankuang Group y de hierro con la Railway Engineering Corporation, además de convenios para la extracción y procesamiento de coltán, entre otros.

Los socios del gobierno se han beneficiado además de la alianza con Turquía, y han usado a este país para establecer sus capitales y luego asociarse con empresas venezolanas. La compañía Glenmore Proje Insaat, S.A ha sido una de las más beneficiadas, estableciendo una sociedad con Carbones del Zulia en 2018 denominada Carbones Turquía-Venezuela, en la que cuenta con 45% de las acciones; y otra con Maderas del Orinoco en 2019 denominada Maderas de Venezuela y Turquía (Mavetur), en la que cuenta con el 49%. Por su parte, la empresa Marilyns Proje Yatirim, S.A., relacionada por el portal Armando.info con el empresario Alex Saab, creó una sociedad con la minera estatal Minerven en 2018 para la explotación de oro denominada Sociedad Anónima Minería binacional Turquía – Venezuela, de la que cuenta con 45% del capital accionario.

Por la vía de la violencia

Las privatizaciones, lejos de ser procedimientos idílicos como se las intenta presentar, han sido procesos violentos en los que los capitalistas y el gobierno han tenido que vencer la resistencia de los trabajadores, quienes en múltiples oportunidades denunciaron la corrupción, la quiebra intencional y las intenciones de privatizar.

En el caso de Abastos Bicentenario, la principal cadena de distribución de alimentos del Estado, la empresa implementó una política de despidos masivos a lo largo y ancho de la geografía nacional antes de iniciar el proceso de privatización. Para mediados de 2016, la empresa ya había despedido más de 3.000 trabajadores, sin respetar fueros sindicales, permisos por maternidad o enfermedades ocupacionales. En algunos casos, los despidos fueron hasta de 600 trabajadores diarios.

Otros casos del uso de despidos masivos contra los trabajadores son los de Maderas del Orinoco (empresa mixta con Turquía), con más de 700 trabajadores despedidos en 2020, y la central azucarera Pío Tamayo (en alianza estratégica con el consorcio VEINCA) de la que fueron despedidos alrededor de 450 trabajadores en el mismo año. En este último caso, la denuncia pública y la movilización popular lograron una victoria parcial, pues aunque no se logró revertir la privatización, si se alcanzó el reenganche de los trabajadores en sus puestos de trabajo (2021).

Por su parte, en Café Fama de América y Lácteos los Andes los trabajadores denunciaron la quiebra de las empresas como vía a la privatización. En 2018, el sindicato y el Consejo Productivo de Trabajadores (CPT) de Fama de América  señalaron que:

Para los trabajadores existe un plan para quebrar a la empresa, la casi nula llegada de materia prima mantiene a los trabajadores asfixiados con un salario mensual que no cubre las necesidades de alimentación, mientras las autoridades de la empresa expresan que es muy costosa la materia prima (café verde), se observan en los anaqueles de comercios que expenden alimentos café molido de empresas privadas en presentación gourmet.

Debemos mencionar que quien está encargado de firmar las guías para el traslado del café verde es el presidente de la corporación Venezolana del Café José Alfredo Mora [También presidente de Fama de América y Empresa Nacional de Café antigua Café Madrid].

Así mismo, en 2019 los trabajadores denunciaron que, a pesar de las alianzas con empresas privadas y de entregar a éstas café molido en empaques de Fama de América, no se sabía el destino de estos productos ni había una repercusión en los salarios.

Los trabajadores de Lácteos Los Andes llegaron incluso a realizar manifestaciones en la planta de Cabudare, Edo. Lara (2018), protestando el desvío de los recursos destinados a la compra de materias primas como parte de una estrategia para desmontar la empresa. Como respuesta, el CICPC detuvo arbitrariamente a dos de los principales dirigentes sindicales, Exion Urriola y Carlos Mora.

La «alianza estratégica» con Agroinlaca (2019) también requirió del uso de la fuerza. En ese caso fueron 10 comuneros los que pasaron más de 60 días detenidos por oponerse a la entrega de Arroz del Alba (Edo. Portuguesa) y exigir que se priorizara la propiedad social. El mismo método se empleó con los estudiantes de la Residencia Estudiantil Livia Gouverneur, quienes enfrentaron detenciones y el desalojo forzoso (2020), tras lo cual se abrieron bodegones y negocios privados en las áreas originalmente destinadas a la economía popular.

Sin embargo, en donde más se ha aplicado la fuerza de forma impune ha sido en el campo venezolano (tema que por sí solo requiere un estudio aparte), donde según la Plataforma de Lucha Campesina, el proceso de desalojo de campesinos y privatización de tierras se ha cobrado 35 campesinos presos, 75 judicializados y 370 víctimas de sicariato desde la aprobación de la Ley de Tierras en el año 2001.

Ley Antibloqueo y luchas por venir

Desde la izquierda, hemos sido los primeros en condenar el bloqueo imperialista y sus efectos devastadores sobre la economía y especialmente sobre la población. Sin embargo, el bloqueo no justifica todas las medidas de corte liberal que se han adoptado, entre ellas, la política de privatizaciones, la liberalización de la economía y la flexibilización laboral. Una política antibloqueo debería anular los convenios contra la doble tributación, permitiendo recaudar por la vía de impuestos recursos para los programas sociales. En cambio, no sólo se mantienen estos convenios con el imperialismo, sino que se paga religiosamente la deuda externa, se exoneran de impuestos a sus compañías petroleras y se aprueba legislación para permitir más privatizaciones.

La Ley «Antibloqueo» es la expresión más acabada de la política de privatizaciones del gobierno venezolano. Hasta su aprobación «exprés» en finales 2020, y sin ningún tipo de discusión en la Asamblea Nacional Constituyente, los socios del gobierno se habían conformado con ser administradores y regentes de las empresas que el ejecutivo les había cedido a través de las «alianzas estratégicas», o en el mejor de los casos (para ellos), mejorar su participación en empresas mixtas. Con esta ley, los inversionistas privados podrán no sólo echar mano de las ganancias de las empresas públicas, sino también de la propiedad de éstas.

Más allá de la finalidad que plantea la legislación, o de las menciones que se hagan al poder popular, el objetivo de la Ley Antibloqueo es levantar las trabas jurídicas para la entrega de la gran industria nacional al capital privado, nacional y foráneo. Para ello, la ley otorga al ejecutivo la facultad de «inaplicar» normas de carácter legal o sublegal (art. 19) que impidan las privatizaciones o el cambio de la composición accionaria de empresas mixtas, y a la vez convierte en secreto de Estado (arts. 37-42) los trámites y negociaciones para la entrega. Todo esto, violando la Constitución de 1999 que permanece vigente.

La tendencia a la liberalización de la economía y la privatización son claras, y seguirá generando un debate dentro de la izquierda, pero también resistencia en el pueblo. Las privatizaciones específicamente afectan a la gente de distintas formas y generan distintas respuestas. Por un lado, están los efectos sobre los propios trabajadores: los despidos (antes o después de la privatización) y las detenciones de aquellos que las enfrentan; y por otro, están los efectos directos sobre la gente: sobre todo cuando de empresas de servicios se trata: dolarización de tarifas telefónicas, del gas, de la electricidad o la gasolina, generando movilizaciones populares en rechazo.

En este sentido, se hace necesario construir un amplio movimiento contra las privatizaciones que sea capaz de vincular y organizar las formas de resistencia. La lucha de los trabajadores de la Central Azucarera Pío Tamayo por el reenganche de los despedidos es un ejemplo de que sí se pueden enfrentar con éxito los efectos de las privatizaciones. Si bien es sólo una victoria parcial, muestra que los enemigos no son invencibles. En ese caso, el reenganche de los trabajadores genera confianza, y prepara la próxima lucha por salarios.

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Comentarios (1)

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    Claudio Betancourt

    Nos están llevando como Nación 🇻🇪 Libre y Soberana a la entrega en Bandeja de Oro de la Propiedad Pública Estatal, a los brazos del Capitalismo Neoliberal Trasnacional. Nos están haciendo transitar con tal entreguismo, la reversión del Proyecto Nacional Socialista de nuestro Comandante Hugo Chávez al Capitalismo Neoliberal Salvaje. Si expresas tu libre opinión, te fustigan, si alzas tú voz, corres el riesgo que te ciminalicen. Los activos y Bienes de la República, es Propiedad Colectiva de los Venezolanos, no de un puñado de entrevistas. Mi opinión: Lcdo. Claudio R. Betancourt L.

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