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[OPINIÓN] Justicia para todas las mujeres

justicia para todas las mujeres

En septiembre de 2018 fue asesinada Mayell Hernández Naranjo, joven bailarina de 29 años. Su femicidio a manos de su ex-compañero y padre de su hija sentó un precedente, y marcó un antes y un después en el camino de visibilización del machismo y la violencia patriarcal en Venezuela. Mayell denunció ante las autoridades en más de una ocasión haber sido víctima de maltrato físico y psicológico por parte de su ex-pareja, y a pesar de ello, pasó un mes después de su asesinato hasta que el femicida de Mayell fuera detenido. 

Como hemos expuesto en entrevistas anteriores, Venezuela es uno de los pocos países con una legislación específica en materia de violencia de género. Sin embargo, este esfuerzo no ha tenido correspondencia por las políticas que aplica el Estado, las instituciones (como entes garantes del cumplimiento de las leyes) y lxs funcionarixs que deben garantizar su cumplimiento. 

En estos momentos de cuarentena por Covid-19, se encuentran paralizadas todas las audiencias de casos por femicidio, otros casos ya estaban detenidos desde mucho antes. Hay también muchos casos de irregularidades, como pérdida de evidencias y expedientes o soborno a funcionarixs por parte de la familia de los femicidas, retrasando cada vez más la celeridad de los procesos.

Frente a esta coyuntura, el grupo “familias de mujeres víctimas de femicidio” se ha venido conformando para crear una lucha conjunta y exigir justicia ante la negligencia y falta de respuesta de las instituciones responsables. En este grupo se encuentran: madres y padres, hermanxs, tixs e hijxs de 8 mujeres víctimas de femicidio. Desde el año pasado la antropóloga y feminista venezolana Aimee Zambrano, junto al colectivo Utopix, está llevando a cabo un monitor de femicidios, una iniciativa que nace debido a la incapacidad del Estado de ofrecer cifras sobre femicidios en el país. Y sin divulgar las cifras tampoco se acciona ante este fenómeno como política gubernamental.

“Justicia Para Todas Las Mujeres”, este es el reclamo principal del grupo de familias, quienes lanzaron la campaña homóloga el pasado 12 de agosto, cuando se cumplieron 2 años de la muerte de Nathaly Centeno. Nathaly tenía 17 años. Nathaly vivía en la casa de sus suegros con el padre de su hija en el estado Lara, y la causa de su muerte quedó registrada como “Estatus convulsivo- Crisis convulsiva- Hipoglicemia severa”. Su madre Yudimar Centeno, integrante del grupo de familiares de mujeres víctimas de femicidios, exige que se investigue el caso con celeridad ya que en el velorio, notó golpes y hematomas en el cuerpo de Nathaly.

“La interpelación del Estado es fundamental. No podemos permitir que se permee la justicia bajo las diferentes posturas ideológicas” dijo Ketsy Medina Sifontes, una de las promotoras de la campaña. Esta iniciativa permitió a Ketsy y Manuela Pérez (re)encontrar a la madre y la hija, que perdieron y cuya pérdida hizo que se conocieran. Desde entonces han puesto todas sus energías en esta búsqueda que no será en vano y que está visibilizando(nos) a todas. Manuela logró la reivindicación que necesitaba después de 4 años. Y aunque el femicida de su hija Adriana Urquiola haya sido extraditado y sentenciado, sigue en la lucha. Porque la justicia es para todas.

“Conseguir a alguien que te acompañe en el camino por la búsqueda de la justicia, es como conseguir otra madre, otra hermana, otra hija” señaló Ketsy. Su madre, Maigualida Sifontes, fue víctima de femicidio el 30 de diciembre de 2017, sólo 9 meses antes que Mayell. En la investigación del femicidio de Maigualida existían dos evidencias principales, un vídeo del momento y una huella dactilar del femicida. En el año 2019, al querer dar declaraciones y estar al tanto de la investigación, Ketsy se enteró de que estas pruebas y el expediente del caso se habían extraviado en la cadena de custodia en el traslado. 

Cuando hablamos de un Estado “feminicida”, nos referimos a las muertes por femicidio que el Estado pudo evitar. Por ejemplo, colocando medidas de seguridad más efectivas ante las denuncias de Mayell. Pero nos referimos también a los casos donde, por complicidad u omisión, se retrasa o simplemente no se alcanza la justicia. 

Un ejemplo es el caso de Angela Aguirre, de 16 años, quien hace más de un año fue víctima de femicidio. Su familia denunció que la primera fiscal que llevó el caso fue sobornada por la familia de su femicida. Además de eso, por la naturaleza del caso y la cantidad de pruebas, es probable que no haya sentencia hasta dentro de 3 años. “La justicia tardía no es justicia, alarga nuestro sufrimiento(…)”, dijo Yerlis Yaguare, su madre.

“En la ley Orgánica para la Protección a la Mujer a una Vida Libre de Violencia, no se encuentran catalogadas responsabilidades con relación a los funcionarios y funcionarias, o instituciones, que por omisión o complicidad estén involucrados en el femicidio,” explicó Ketsy, añadiendo que más allá del femicida existe “todo un sistema” que permite que esto siga ocurriendo. “Buscamos que no sigan poniendo evasiones en torno a las responsabilidades que tienen que asumir las instituciones”, concluyó.

Las mujeres representamos a la mitad de la población, nos encargamos de las tareas de cuidado, muchas trabajamos fuera y dentro de casa, otras trabajamos en casa sin ningún tipo de reconocimiento. Nos acosan en la calle y en el trabajo, nos juzgan por nuestras decisiones y por nuestros cuerpos, hemos sido explotadas y abusadas. El sistema en el que vivimos nos ha usado a su conveniencia a fin de sobrevivir, mientras promueve una violencia contra nosotras que queda impune. Al patriarcado lo vamos a tumbar.

Foto de portada de Ketsy Medina Sifontes.

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